La comisión de Interior del Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta para crear una «tarjeta azul» de inmigrantes altamente cualificados, advirtiendo, por otro lado, acerca de los riesgos de que se produzca una fuga de cerebros desde los países en desarrollo.
Los inmigrantes cualificados suponen un 1,7 por ciento en la UE, en comparación con el 9,9 en Australia, el 7,3 por ciento en Canadá; y el 3,2 por ciento en Estados Unidos; datos que en Europa se quiere incrementar con esta medida, ya que se calcula que en pocos años hará falta personal de fuera de la Unión, sobre todo en materias tecnológicas. Al respecto de ello informábamos en Legal Today el mes pasado.
Propuesta por la Comisión Europea, pasó ayer el trámite en la Comisión de Interior del Parlamento Europeo, encargada de los derechos de los ciudadanos, derechos humanos y fundamentales, incluida la protección de las minorías. En lo que a la Tarjeta Azul interesa, se ocupa de:
- medidas referentes a la entrada y a la circulación de personas, al asilo y a la migración, así como la cooperación judicial y administrativa en materia civil.
- medidas referentes a una gestión integrada de las fronteras exteriores.
- medidas relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal.
- no significa permiso de residencia permanente.
- es válida durante dos años, con posibilidad de renovarla, tras lo cual hay un nuevo período de tres más en que se otorga el libre tránsito del titular y su familia por la UE.
- en cinco años, el inmigrante obtiene el estatus de "residente de larga duración".
Dicha acreditación,
La iniciativa, sin embargo, ha sido acogida con ciertas reservas, ya que algunos estados miembros consideran que antes de dar un paso de estas características se debe completar la libertad de circulación en la propia Unión Europea de forma que ciudadanos europeos como búlgaros y rumanos accedan a plenamente ella antes de pensar en otorgársela a inmigrantes de terceros países.
En cuanto al término "inmigrante cualificado", la eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo Ewa Klamt, ponente del Informe sobre el que se basó la votación, apuntó dos posibilidades: bien tener un título de educación superior que requiera un mínimo de tres años de estudios; o bien demostrar al menos cinco años de experiencia profesional en un área profesional determinada. Klamt se opuso a introducir un límite de edad.
