Con cierta frecuencia –porque es importante y porque es de actualidad- hacemos referencia en esta sede a la desmesurada litigiosidad en España. A veces, se puede hacer una chascarrillo: los españoles somos problemáticos. Sin embargo, las cosas son más simples por un lado, y más complejas por otro. Cabe, por lo tanto, ofrecer un punto de vista quizá menos político, y más técnico: ¿son suficientemente claros los abogados en las demandas y en las contestaciones?
Hace un año aproximadamente, Gilberto Pérez del Blanco decía en Legal Today que "puede afirmarse que la realidad de la Administración de Justicia, en lo que al tiempo de la tramitación de los procedimientos se refiere, es manifiestamente mejorable, incurriendo en la mayor parte de los supuestos en dilaciones indebidas lato sensu. Se trata de una situación generalizada en la Administración de Justicia española y aunque no tenga consecuencias, ya sean procesales o materiales, en la resolución de los litigios, sí que tiene unas implicaciones sociales considerables – tal como por otra parte refleja las bajas cotas de confianza que la Justicia genera entre los ciudadanos -. No puede opinarse otra cosa, ya que tenemos al justiciable enfrentado no sólo a la incertidumbre del resultado procesal sino también a la incertidumbre de en qué momento podrá ver satisfecha su petición de tutela o, por el contrario, cuando podrá verse libre de la reclamación contra él instada".
Últimamente, además, con la crisis económica pleno vigor, esta situación se ha hecho llamativa en lo mercantil. Tal y como manifiestaba una comunicación interna del Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de los juzgados mercantiles hay sobrecarga generalizada; de forma muy significativa en los de Barcelona, Madrid y Valencia con cargas de trabajo previstas para el corriente año en un 986%, un 973% y un 511% respectivamente. De los diferentes asuntos a tramitar por estos órganos especializados es el del concurso de acreedores, por su característica procesal claramente expansiva, el que provoca un volumen de tramitación de difícil atención con los medios actuales, especialmente, en los juzgados con más carga de trabajo.
Ahora bien, ¿tiene toda la responsabilidad la Administración de Justicia?, ¿sólo los jueces trabajan de un modo que podría mejorarse?, ¿la culpa la tiene la ausencia de medios informáticos que agilicen la gestión de documentos?.
Parece que se abre otro panorama, que al abogado le puede costar horas de estudio y trabajo de las que quizá no dispone, que es mejorar la redacción y fundamentación de las demandas.
Además, previo a ello, discernir por qué motivos puede ir a juicio, y por qué otros motivos conviene no litigar. ¿Están ustedes dispuestos a hacer ese sobreesfuerzo, en vez de meterlo todo al juzgado?. La Justicia no es sólo cosa de jueces.
