PwC ha resaltado la importancia de que la Ley General Tributaria se equilibre durante la tramitación parlamentaria, puesto que el texto se centra mucho en combatir el fraude y deja más de lado sus otros dos objetivos: reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica.
En la publicación Tendencias Tributarias, PwC explica que la redacción actual de la norma parece orientada preferentemente a la configuración de nuevas herramientas de lucha contra el fraude. "Sería deseable que la tramitación parlamentaria equilibrara el resultado final", sostiene.
La norma contempla la publicación de la lista de contribuyentes con deudas pendientes de más de un millón de euros y de condenados por delitos contra la Hacienda Pública. Además, refuerza las sanciones por usos de estructuras artificiales y amplía las potestades de investigación por parte de la Administración.
Para reducir la conflictividad, se refuerza la posibilidad de realizar interpretaciones normativas que vinculan a todos los órganos encargados de la aplicación de tributos, y para elevar la seguridad jurídica se alarga el plazo de la inspección y se intentan agilizar los tribunales.
Pese a estas medidas, PwC cree que es necesario avanzar más y equilibrar la norma, porque todos los aspectos son "fundamentales" para conseguir un sistema tributario "justo y eficaz".
Por otro lado, la consultora repasa los últimos cambios en fiscalidad autonómica y pone de manifiesto que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales hace "muy difícil" prever el futuro de la fiscalidad en este ámbito.
"Las medidas propuestas por los distintos partidos son muy diversas y resulta casi imposible aventurar cuáles serán las que se impondrán finalmente", señala, tras recordar, además, que la reforma de la financiación ha quedado pendiente.
Finalmente, PwC recuerda que la reforma de la Ley de Sociedades de Capital ha hecho que la fiscalidad trascienda del ámbito puramente financiero y se instale en los Consejos de Administración de las empresas, aunque, a su parecer, la estrategia fiscal no debe quedarse en la fase de diseño y debe acompañarse de medidas que ayuden a llevarla a cabo.