El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha recordado que la primacía del Derecho comunitario garantiza que cualquier procedimiento nacional sobre el que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quedará automáticamente suspendido mientras se pronuncia la Justicia europea, lo que en la práctica también afectará a los casos a los que se aplique la Ley de Amnistía cuando sea definitivamente adoptada.
Así lo ha explicado en una respuesta parlamentaria al jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, que en una pregunta remitida en enero para preguntar por el acuerdo alcanzado entonces entre el PSOE y Junts para eliminar del Real Decreto sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil una referencia que dejaba negro sobre blanco que las cuestiones prejudiciales al TJUE paralizan los casos donde se plantean.
Aunque ni en la pregunta parlamentaria ni en la respuesta del comisario se menciona expresamente la Ley de Amnistía, sobre la que Bruselas ha dicho que no se pronunciará hasta que se culmine su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, Ciudadanos celebra lo dicho por el comisario como garantía de que la norma «no entrará en vigor hasta que el TJUE no resuelva las prejudiciales».
En su respuesta escrita, Reynders expone que el propio Estatuto del TJUE establece que el hecho de que un tribunal nacional someta a Luxemburgo una prejudicial «suspende» la resolución del procedimiento nacional en cuestión.
También queda así recogido, ahonda el comisario, en las recomendaciones del Alto Tribunal europeo a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando dice que «la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie».
Así las cosas, el encargado de Justicia en el Ejecutivo comunitario se refiere al principio de primacía del Derecho comunitario y apunta que de él se desprende la «exigencia de suspender» el procedimiento nacional hasta que el TJUE se haya pronunciado, «con independencia de lo que la legislación nacional establezca».
«Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio», concluye el liberal belga en su respuesta a Ciudadanos.
