La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) asegura que urge el compromiso y la implicación de los agentes sociales del sector con la prevención de riesgos laborales.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado el "Informe sobre la Situación de la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción en España". El documento ha sido elaborado por un equipo de expertos dirigido por Federico Durán, socio de Garrigues.
El informe analiza, en sus primeros apartados, el contexto de la actividad, la caracterización socioeconómica del sector y el mapa de la siniestralidad laboral; para luego profundizar en el marco normativo de la prevención de riesgos, detallando su organización y señalando los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en esta materia. Define, además, las funciones y disfunciones detectadas. En el último capítulo, detalla la política preventiva como eje vertebrador del actual marco normativo en la prevención de riesgos laborales. Por otro lado, se presenta un apartado de conclusiones y propuestas para mejorar la situación de la siniestralidad en un sector altamente complejo como es el de la construcción.
Una de sus principales conclusiones señala el hecho de que hay ciertos eventos que no pueden ignorarse al articular la efectiva implantación de unas adecuadas condiciones de seguridad y salud. Entre estas circunstancias, destacan los factores estructurales en el desempeño de la actividad propia del sector, la pluralidad de sujetos que intervienen en un proceso productivo complejo y la intervención de empresas de variable dimensión.
El informe también resalta que es preciso que se tenga en cuenta en todas las obras de construcción el compromiso y la implicación de los agentes sociales del sector con la prevención de riesgos laborales. Dicho compromiso fue puesto de manifiesto con claridad en el IV Convenio General del Sector de la Construcción y, en concreto, en la regulación contenida en su Libro II en el que se recogen los itinerarios formativos que han de tener los trabajadores del sector en materia preventiva, la regulación del denominado Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC); el desarrollo de la regulación de la Tarjeta Profesional de la Construcción y un importante elenco de disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud.
Entre las propuestas del informe destacan el establecimiento del diseño e implantación de las medidas de prevención de riesgos laborales que procuren su solución con planteamientos rigurosos, globales y desapasionados. En cuanto al ámbito legislativo se recomienda la formulación de un concepto de "accidente de trabajo" específico a efectos preventivos, considerándose exclusivamente los producidos por causa profesional y ocurridos dentro de la esfera organizativa empresarial, separándolo del concepto utilizado para fines prestacionales de la Seguridad Social. La información estadística, la articulación de responsabilidades y la aplicación de políticas preventivas tendrán que articularse, necesariamente, sobre este concepto.
Finalmente, se propone el afianzamiento urgente y profundo de la estructura y medios de los que dispone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como la generalización de las ayudas a la adquisición de equipos de trabajo seguros o a la renovación de los ya obsoletos, garantizándose la subvención de la contratación de técnicos prevencionistas o de medios para los servicios de prevención propios.
