La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha solicitado al Gobierno que tenga en cuenta a los autores en la nueva normativa para elaborar las tarifas que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual han de aplicar cuando se use el repertorio que gestionan, ya que son los «únicos propietarios de las obras de creación». Se trata de un decreto que desarrolla la Ley de Propiedad Intelectual, que actualmente está en fase de borrador.
Las entidades de gestión son entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual.
En España se han constituido como asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual (autores, artistas, productores, entre otras), y deben contar con la autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para funcionar como tales. Hasta la fecha, han autorizado ocho entidades de gestión. La SGAE es la de autores y editores y aglutina a 114.000 autores.
No se tiene en cuenta a las entidades de gestión
Según denuncia la SGAE, el texto elaborado por el Gobierno ha sido redactado "sin tener en cuenta la opinión de los autores", ya que en su elaboración no ha participado "ninguna" de las ocho entidades de gestión que existen en España.
"Tras leer el texto con detenimiento consideramos que el ministerio ha cedido a las presiones de grupos económicos ajenos a la Cultura. Su redacción, en los términos en los que está formulado en este momento, es claramente dañina para los autores y no resultará beneficiosa para los usuarios", ha subrayado el presidente de la SGAE, José Luis Acosta.
A su juicio, lo mejor sería retirar el documento y elaborar una "auténtica orden de metodología de tarifas generales" cumpliendo con la actual Ley de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta la opinión de los autores, "únicos propietarios de las obras de creación".
"En su redacción se aprecian errores, confusión de conceptos y lo que es aún peor: se lesionan derechos previstos en el Código Civil y en la Constitución. El texto hace caso omiso de los acuerdos de la Convención Universal de Berna, vulnera las más elementales normas de competencia, y parece ignorar la necesaria trasposición de lo previsto en la directiva europea de 2014 de gestión colectiva de derechos de autor", añade Acosta.
Es más, Acosta critica que esta postura del ministerio de Cultura "aleja, una vez más, a España" de la corriente europea de protección de la cultura.
Además, la SGAE se muestra sorprendida por la fecha de publicación del borrador de la norma, el pasado 31 de julio. La entidad considera que no es el momento idóneo para hacer esta "importante publicación", que afectará al salario de los creadores en los próximos años; "a no ser que el momento haya sido escogido intencionadamente para que su aprobación pase desapercibida para el colectivo autoral, que se encuentra en pleno periodo vacacional", avisa.
