El pasado día 31 de marzo se celebró el primer webinar de la serie : “Experto en LegalTech”, una serie de encuentros on line con expertos en Transformación digital de las Administraciones Publicas, que organizan conjuntamente el Instituto de Innovación Legal y Thomson Reuters.
Este evento se encuadra dentro de la colaboración entre el Instituto de Innovación Legal y Thomson Reuters que incluye varias formaciones gratuitas para juristas durante 2020. Ambas organizaciones tienen como objetivo para este ejercicio desmitificar y llevar a la práctica real la transformación digital, el uso de LegalTech y de Inteligencia Artificial en despachos, asesorías y otras organizaciones del sector legal.
En este primer webinar se ha realizado un repaso al estado de transformación de la Administración española. En primer lugar, intervino María Jesús González-Espejo, socia directora del Instituto de Innovación Legal y vicepresidente de ELTA (Asociación Europea de LegalTech) quien presentó los webinar y sus objetivos.
A continuación intervino el ponente del webinar: José Luís Villar Ezcurra, Doctor en Derecho por la UCM, Ex Letrado del Banco Hipotecario de España, ex Letrado de la Seguridad Social y profesor titular de Dº Administrativo en la UCM y Socio Director de Ariño Asociados quien comenzó su ponencia introduciendo el concepto de e-Government (Administración electrónica o E-Administración) que definió como: “el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el análisis de los procesos internos de gobierno y para dar difusión a productos y servicios del Estado tanto a ciudadanos como a empresas”. Además, Villar describió las cuatro fases por las que debe pasar la Administración para alcanzar el objetivo de ser un verdadera E-Administración: 1) Presencia; 2) Interacción, 3) Transacción y finalmente 4) Transformación.
M-Government y evolución del marco legal español
Villar expuso también la utilidad y la dificultad de implantación del M-Government (Gobierno móvil o M-Administración) es decir, el uso de aplicaciones móviles para las relaciones entre particulares y Administración. El M-Government ofrece ventajas como la facilidad y sencillez en la comunicación y tramitación de procedimientos ya que, como afirmó José Luís, “no tiene sentido meternos en el BOE todos los días para ver lo que dice el Gobierno”. Sin embargo, es difícil implantar este modelo ya que las redes que usa la Administración aún no cuentan con un nivel de seguridad suficiente.
A continuación, el ponente realizó un repaso de la evolución del marco legal español. Cuyo punto de partida lo marcó el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica y la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ambas ya derogadas. Las siguientes normas que describió son las que regulan la firma electrónica y la forma de relacionamos de manera telemática con la Administración que son la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica (modificada por la Ley 25/2015, de 28 de julio), la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (modificada por el Real Decreto Ley 11/2008 del 31 de agosto), la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, que modifica aspectos de las normas anteriores.
Además, analizó las obligaciones de la Administración y de los ciudadanos, haciendo énfasis en: la firma electrónica y el sello electrónico y los art. 14 y 16 de la Ley 39/2015, que son los que especifican quienes están obligados a relacionarse con la Administración de forma telemática y cómo funcionan los Registros. También analizó el Reglamento e-ISDAS y los distintos tipos de mecanismos de firma que establece: sellos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, certificados digitales y como las valora la Administración Pública. También describió las diferencias entre los conceptos de Portal y Sede electrónica.
Contratación y Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público
El último bloque del webinar se centró en lo relativo a contratación y la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público. Villar hizo hincapié en la indefensión que puede experimentar el licitador frente a la Administración puesto que Las aperturas de plicas ya no son públicas; los plazos son muy dilatados; la tecnología que se utiliza no permite subir archivos de tamaño superior a 5 MG (el sistema además no avisa de que se ha superado el tamaño permitido); así como las obligaciones que imponen algunos organismos de entregar la documentación en papel.
También analizó Villar la cuestionable calidad del servicio de apoyo que ofrece la Administración a los licitadores en cuanto a horarios, preparación del personal que atiende las dudas.
Para finalizar el webinar el ponente describió una serie de problemas frecuentes que se plantean en la práctica: como el horario que deben tener en cuenta quienes presentan una licitación desde Canarias, que deben regirse por el horario de la península;; la existencia de dos o más ofertas cuando se suben por error o cuando se sube una segunda, sin eliminar la primera; la discordancia entre los elementos objetivos y los expresados en el documento, formatos y tamaños, firmas y sobre todo como ha reaccionado la Administración ante estas situaciones poniendo de ejemplo la Resolución del TACRC 931/2018, de 11 de octubre.
Directices para el futuro
Finalmente, González-Espejo y Villar entablaron una conversación durante la que propusieron algunas directrices para definir el futuro de una administración centrada en el ciudadano. González-Espejo propuso, por ejemplo, la creación de mecanismos, como existen ya en otros países, que permitan evaluar si una aplicación o una legislación, resulta accesible para los futuros usuarios de la misma. La accesibilidad comprende que la experiencia del usuario es satisfactoria en todos los sentidos: se entiende cómo funciona la herramienta, la tipografía es legible, se accede a ella con facilidad, etc. La Administración no puede aumentar la brecha entre grupos de ciudadanos, sino que su función por el contrario debe ser cerrarla.
Por otro lado, González-Espejo, expuso también que hay metodologías como el Legal Design Thinking que ya se están utilizando para reformar los sistemas legales de otros países y que nuestra administración debería explorar y utilizar. Asimismo, en su opinión deberían buscarse eficiencias en la adquisición de tecnología, a través del establecimiento de mecanismos que permitan intercambiar información sobre las herramientas que han desarrollado las diferentes administraciones y que permita su uso a través de un sistema de licencias, cuando no se trate de software de código abierto, modalidad de desarrollo, que en todo caso las AAPP deberían también priorizar. Para ambos ponentes, la conclusión es clara: en materia de Transformación Digital, la Administración Pública y el legislador tienen un largo camino que recorrer.
