Ayer se constituyó el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo. Este avance es crucial para la consolidación del arbitraje como medio extrajudicial para resolver los desacuerdos entre consumidores y comerciantes. Su creación estaba prevista en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. En este Real Decreto se resolvían cuestiones que, ante la falta de regulación expresa, habían sido objeto de controversias en las Juntas Arbitrales de Consumo, llevando a pronunciamientos dispares y a la disgregación del sistema.
En su primera reunión, celebrada ayer, el Consejo General estableció las líneas maestras de acreditación de los árbitros (capacidad, honorabilidad y cualificación), así como criterios uniformes de cara a ir creando órganos arbitrales especializados, los cuales podrían irse diseñando por razón de efectividad, especialidad y volumen o complejidad de las reclamaciones presentadas.
El Consejo General recién estrenado tiene como fines el hacer seguimiento, dar apoyo y proponer puntos de mejora en el arbitraje de consumo. Para ello, cuentan con el instrumento normativo específico del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Las funciones girarán sobre los fines de seguir, apoyar y realizar propuestas de mejora del arbitraje de consumo, aprobar programas de formación de árbitros, crear planes estratégicos de impulso del sistema arbitral del consumo, y habilitar instrumentos que favorezcan la cooperación y comunicación entre las juntas arbitrales y los árbitros.
En cuanto a su composición, el Consejo General tiene como presidente y vicepresidente, respectivamente, a las personas que ocupa la Presidencia y la Dirección del Instituto Nacional del Consumo, hoy por hoy, Consuelo Sánchez Naranjo y Etelvina Andreu Sánchez, Directora General de Consumo. Lo que el Real Decreto prevé es que se integre por una amplia representación de la Administración General del Estado, de las Juntas Arbitrales de Consumo y de las organizaciones sociales.
Entre los consejeros figuran el presidente de la Junta Arbitral Nacional, Alberto Bercovitz, y representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las organizaciones empresariales y profesionales, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y del Consejo General de la Abogacía. La Secretaría estará desempeñada por el titular de la Subdirección General de Normativa y Arbitraje de Consumo del Instituto Nacional del Consumo.
Se aclararán, tras que se inicie un ritmo de trabajo estable del Consejo General,
- las materias que pueden someterse al arbitraje de consumo,
- la regulación aplicable a la actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo y a los órganos a los que se encomienda la resolución del conflicto,
- la admisibilidad de la reconvención en el arbitraje de consumo, y
- el papel de la mediación en el procedimiento arbitral.
Adicionalmente, en orden al funcionamiento integrado del Sistema Arbitral de Consumo y para garantizar la seguridad jurídica de las partes, se establecen mecanismos que favorecen la previsibilidad del sistema. Para ello se crean dos instituciones fundamentales, la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
