En territorio de la Unión Europea proliferan las “empresas trucha”, sociedades que simulan hacer compras de productos en el mercado interior exentas de IVA, las cuales tienen al frente testaferros. Con posterioridad, estas empresas venden las mercancías a otras interpuestas, quienes fingen que repercuten el IVA. Dichas empresas intermedias, que también figuran en la trama, venden, a su vez, al consumidor final o a otro intermediario; esta vez sí repercutiendo y cobrando ese IVA, pero no ingresándolo. La extensión de dichas prácticas, y más de menudeo, ha llevado a idear un nuevo órgano, el Eurofisc, que se concentraría en localizar y erradicar este tipo de prácticas.
En el marco de su estrategia para combatir la evasión y el fraude, la Comisión Europea ha adoptado una propuesta de refundición de la normativa sobre cooperación administrativa en materia de impuesto sobre el valor añadido, ampliando y reforzando el marco jurídico para el intercambio de información y cooperación entre las autoridades fiscales.
Uno de los elementos clave de la propuesta es la creación de una base jurídica para establecer Eurofisc: una estructura operativa común, que permitiría a los Estados miembros llevar a cabo acciones rápidas en la lucha transfronteriza contra el fraude del IVA. La Comisión también adoptó un informe sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa.
László Kovács, Comisario de Fiscalidad y Aduanas, ha aclarado al respecto que, en la actual situación económica, es más importante que nunca para luchar contra el fraude fiscal de manera eficiente y que se implante la cooperación entre las administraciones fiscales. El objetivo, para el Comisario, sería facilitar a las autoridades tributarias los medios técnicos y legales para tomar medidas de cara a garantizar que cada administración, desde su territorio, está preparada para proteger a los demás Estados miembros.
Además de fijar la base legal para constituir Eurofisc, la propuesta de Bruselas también pide que se definan los casos en los que los Estados miembros no puedan rechazar dar respuesta a solicitudes de información o investigación administrativa.
Se aboga, para ello, por permitir a las autoridades fiscales nacionales el acceso directo a determinadas informaciones contenidas en las bases de datos de otros Estados miembros.
