El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado los informes correspondientes a dos Anteproyectos de Ley que constituyen las piezas esenciales en el proceso de modernización de la Justicia. Se trata del Anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal, y del Anteproyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administracion de Justicia.
Desde el Consejo General del Poder Judicial resaltan la transcendencia de ambos textos ya que puede ser las medidas definitiva que contribuyan a la mejora de un servicio público esencial, y permitirá fortalecer la propia arquitectura del Estado de Derecho.
El Anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal adopta una serie de medidas de agilización procesal en los órdenes civil y contencioso-administrativo.
Son tres los objetivos:
- Mejorar la respuesta de los juzgados y tribunales españoles, agilizando los trámites y garantizando la tutela judicial efectiva de forma que puedan dedicar todo su esfuerzo a los asuntos en los que realmente está en juego esa tutela.
- Racionalizar las materias de que conocen los órdenes civil y contencioso-administrativo.
- Descargar de asuntos al Tribunal Supremo, con el fin de que pueda llevar a cabo su labor prioritaria que es la unificación de doctrina.
La reforma limita tambien el régimen de recurso en los juicios verbales ( hasta 6.000 euros) y afecta al recurso de casación, elevándose la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros; si bien hay que destacar que en el proceso monitorio se suprime el límite cuantitativo, equiparándolo así al proceso monitorio europeo; lo que supone un beneficio para todos los ciudadanos.
En cuanto al Anteproyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administracion de Justicia constituye el cauce que permitirá la incorporación definitiva de las nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia.
Permitirá la tramitación electrónica de todos los procedimientos judiciales, regulándose el expediente judicial electrónico y los documentos judiciales electrónicos, estableciéndose la obligatoriedad de la presentación de los escritos por medios electrónicos.
La Administración de Justicia deberá facilitar dichos medios a los ciudadanos que no dispongan de ellos, y definir lo que es la sede judicial electrónica, un Portal desde donde se realizarán las actuaciones que lleven a cabo ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.
Finalmente se crean el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, a través del cual se podrá acceder a todas las sedes del territorio nacional, y la Comisión Estatal de Administración Judicial Electrónica con el objetivo de asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados en la Administración de Justicia.
Para lograr la total implantación del expediente electrónico se establece un plazo de 5 años, y para la interoperabilidad en todo el territorio nacional, el plazo será de 4 años.
El Consejo destaca la oportunidad de las reformas en un momento de especial importancia como el actual, en que se está comenzando a implantar la Nueva Oficina Judicial.
La incorporación definitiva de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia supone el impulso definitivo al proceso de modernización del sistema judicial español.
