- El ministro de Justicia anunció la intención del Ejecutivo de pedir a los grupos parlamentarios que han registrado una iniciativa para cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la retiren
El Consejo de Ministros recibió ayer el texto del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La ley contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.
Según informó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el anteproyecto está integrado en la arquitectura jurídica de la Estrategia Justicia 2030, enmarcada y conectada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, constituye la segunda norma de las tres previstas por el Ministerio para la eficiencia de la Administración de Justicia, junto a la ley de eficiencia procesal, aprobada en diciembre, y la ley de eficiencia digital, prevista para verano.
El Ministro profundizará hoy sobre estas reformas en un encuentro de Thomson Reuters
Se da la circunstancia de que Juan Carlos Campo intervendrá hoy en un encuentro coloquio organizado por Thomson Reuters, en el que el ministro profundizará en las importantes reformas legislativas impulsadas por el Gobierno vía Anteproyecto de Ley: el de Eficiencia Procesal, el de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, y el de Enjuiciamiento Criminal. La cita es a la 13.00 horas en formato webinar. Para asistir solo se requiere acceder desde este enlace.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Juan Carlos Campo anunció la intención del Ejecutivo de pedir a los grupos parlamentarios que han registrado una iniciativa para cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la retiren.
Sistema de organización colegiada
En virtud de la futura norma, los Tribunales de Instancia sustituyen la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada, que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento.
Los órganos de gobierno de estos Tribunales de Instancia serán elegidos por los jueces de forma participativa. En este sentido, Campo señaló que «profundiza en la democracia interna del Poder Judicial», añadiendo que «es una norma que ensancha las oportunidades de participación de los jueces en su autogobierno».
Además, la Ley incrementa la seguridad jurídica y, por tanto, la «previsibilidad» de las resoluciones judiciales, al establecer exigencias de criterios interpretativos comunes entre los miembros del Tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales. Ello no afectará a la independencia de los jueces y magistrados para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado, según explicó el titular de la cartera de Justicia.
Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del Tribunal de Instancia y que podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y letrados de la Administración de Justicia (LAJs).
El nuevo modelo se ha construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España. Habrá 431 Tribunales de Instancia, tantos como partidos judiciales, con el objetivo de alcanzar una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción.
Respecto a la Oficina Judicial, el anteproyecto flexibiliza y se adecúa para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios y, así, hacer posible su implantación en todo el territorio.
En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios, estas buscan llevar a todos los puntos del territorio los servicios de Justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en cohesión social y territorial.
El ministro agradeció el trabajo y participación en el anteproyecto de ley de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, profesionales -abogados, procuradores, graduados sociales- sindicatos y partidos políticos, en lo que ha supuesto un ejemplo, dicho, de cogobernanza.
