El BOE de hoy ha publicado la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La norma da respuesta, aunque con retraso, a la obligación de transponer la Directiva 2019/1937/UE (Whistleblowing). A los 20 días de su publicación se inicia la cuenta atrás del plazo de tres meses para que tanto las entidades privadas como públicas implanten sus sistemas internos de información. No obstante, para las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes se amplía el plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
En este dossier que Aranzadi te ofrece de manera gratuita, se analizan las novedades de la nueva ley, junto con cuadro analítico comparativo para consultar cómo se han concretado las directrices marcadas por la Directiva. El trabajo editorial se completa con un artículo doctrinal y una infografía, elaborados por el letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla, León Ignacio Sáez Hidalgo, clarificadores de cómo se han articulado los mecanismos para lograr la protección de quienes informen de las irregularidades y combatir de modo más eficaz la corrupción.
