Los Fondos Next Generation EU, de reactivación económica para paliar los daños de la COVID-19 aprobado por los 27 Estados de la Unión Europea y dotados en principio con 750.000 millones de euros, van a permitir a las Administraciones Públicas españolas realizar muy importantes inversiones en los próximos años.
En España, las líneas directrices las ha fijado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Los fondos Next Generation EU, conocidos como fondos de recuperación, fueron aprobados por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020 y el 10 de noviembre de 2020 se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea en el Consejo sobre los mismos y el próximo presupuesto de la UE a largo plazo.
Estos fondos Next Generation EU tienen como objetivo principal apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse de la crisis derivada de la COVID-19 y plantean la adopción de medidas para impulsar la inversión público-privada. Supondrán para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026.
Proceso de modernización de las Administraciones públicas
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el BOE del 31 de diciembre de 2020, tiene por objeto establecer, como señala su artículo 1, “las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo”.
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