Hace unos días el Congreso ha aprobado la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración, norma que tiene por objeto (eso señala su artículo 1.1) estructurar el sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado con el fin de institucionalizar la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia, contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la acción pública.
Conviene señalar, en primer lugar, que en su tramitación esta norma ha volado por los pasillos de las Cortes, ya que presentada el día 8 de noviembre de 2022 fue tramitada por el procedimiento de urgencia y aprobada el día 1 de diciembre por el Pleno del Congreso de los Diputados, tras su paso por el Senado que, en su sesión del 23 de noviembre de 2022, había introducido una enmienda.
Para que después se diga que nuestros representantes parlamentarios no son raudos y diligentes. Eso sí, mientras otros proyectos de ley reposan plácidamente en las bodegas de las Cortes para ganar el necesario cuerpo y buqué (bouquet para los entendidos) que necesitan y merecen.
Evaluación que se sitúa en el final del camino. Un viaje que se inicia (que se debería iniciar) con la planificación normativa, sobre la que el artículo 131 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente” y que “una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente”.
De esta forma (y al menos en teoría) tenemos un antes (plan normativo) un durante (elaboración y promulgación de normas) y un después (evaluación). El diseño parece sencillo. Cosa distinta es lo de su ejecución.
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