El Foro Económico Mundial señala a España como líder en competitividad pero a su vez descubre las carencias legislativas por las que considera que “hay margen de mejora”.
La industria turística es global, lo que genera un entorno de constante cambio para todos aquellos que forman parte de ella. Sin embargo, en los últimos años el sector ha cambiado de forma considerable al verse afectado por fuertes tensiones geopolíticas desde Oriente Medio hasta el Sureste asiático, pandemias globales o desastres naturales; todo ello afecta al pilar más importante de este sector, la percepción de seguridad de aquellos que desean desplazarse de forma segura.
A pesar de esto, el sector turístico no ha dejado de crecer, aumentando en 51 millones el número de turistas en 2014 -como señalan datos de la Organización Mundial del Turismo- lo que en su totalidad representa casi un 10 por ciento del Producto Interior Bruto a nivel mundial.
En su análisis anual sobre el sector turístico, el Foro Económico Mundial ha situado a España al frente de su ranking de competitividad turística por primera vez en su historia, superando a grandes líderes como Francia o los Estados Unidos de América. Este ranking analiza todos los aspectos del sector turístico, desde los recursos naturales, el entorno económico, las infraestructuras y las políticas que dificultan o facilitan el desarrollo de este sector.
A pesar de la euforia que provoca ser reconocidos como el país con el sector turístico más productivo del mundo, este informe también deja al descubierto grandes carencias. Un sistema jurídico ineficiente y los largos procesos para obtener permisos y licencias administrativos, nos sitúan a la cola de países ideales para hacer negocios. Se apunta además un mercado laboral excesivamente rígido y la desproporción existente entre el salario de los trabajadores y su productividad.
Estos aspectos son señalados de forma constante por organismos como el Banco Mundial o el propio Foro Económico Mundial donde España tiene un amplio campo de mejora con respecto a sus países vecinos.
Centrándonos en el ámbito del Derecho turístico, nos encontramos con una legislación desigual y dispersa en el territorio español ya que las comunidades autónomas cuentan con las competencias exclusivas para llevar a cabo la promoción y la ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial. Esto nos lleva a la situación actual, donde ciertos aspectos del turismo se encuentran perfectamente regulados en unas comunidades, vagamente mencionados en algunas y obviados en otras.
Un ejemplo de actualidad que permite observar la pérdida de competitividad que genera la incertidumbre a la hora de legislar son las pernoctaciones en los llamados apartamentos turísticos donde por un lado algunas Comunidades legislan según sus necesidades, por otro lado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decide recurrir alguna norma por considerar que supone un obstáculo al libre mercado y mientras tanto el resto de actores afectados por esta incertidumbre tratan de predecir lo que puede ocurrir pero sin una idea clara. Esta incertidumbre provoca, desde nuestro punto de vista, una paralización de las inversiones por parte de los afectados, una inseguridad jurídica manifiesta y una sensación de hartazgo que no aporta nada positivo a una industria tan importante para la economía de este país.
En un sector plenamente interconectado y cada día más global no se debería legislar de forma tan descentralizada considerando el ámbito territorial de una comunidad autónoma como un elemento estanco e independiente de aquellos que le rodean. La valoración llevada a cabo el Foro Económico Mundial considera este como un punto débil del sector turístico en España y aunque no entra en detalles, sí es necesario recalcar que esta legislación tan dispersa genera, a su vez, una normativa sancionadora diferente en cada territorio.
Será difícil ver al sector turístico español mejorar estos aspectos en el ranking del próximo año mientras no se legisle valorando que las empresas turísticas, tanto nacionales como extranjeras, inversores, trabajadores y otros actores de este sector, pueden y quieren operar en dos o más comunidades autónomas sin tener que lidiar con normativas y sanciones tan alejadas unas de otras.
