Recientemente ha sido rechazada por el Congreso y el Senado la Ley Sinde (de economía sostenible), que hubiese supuesto una gran restricción a la difusión gratuita a través de internet de contenidos sometidos a derechos de autor.
Leía hace unos días, al hilo de este tema, un comentario que alertaba de que el Ministerio de Cultura ha pasado por alto una entidad que de manera gratuita, con una grandísima difusión por todo el territorio español y respaldada y financiada por las administraciones públicas, se dedica a poner a disposición de cualquiera que esté interesado las creaciones, mayoritariamente literarias, de autores que no han prestado su consentimiento para ello ni, por supuesto, reciben contraprestación alguna, pero padecen el consecuente descenso de sus ventas causado por el préstamo: la red nacional de bibliotecas públicas.
Ahora, en pos del progreso, el Ministerio de Cultura junto con las Comunidades Autónomas pone en marcha un ambicioso plan para acercar el e-book a los lectores, es decir, ha comenzado a prestar, a través de la red de bibliotecas, dispositivos que reproducen los contenidos de libros electrónicos. Nada raro, se trata del mismo negocio pero aplicando avances tecnológicos, ¿verdad? Pues no, el Ministerio aclara convenientemente que los únicos libros que van a prestarse con estos dispositivos son los que estén libres de derechos de autor. ¿Por qué? Lo que trasluce es que realmente lo sancionable no es la mera reproducción de contenidos sin permiso, aunque las webs de streaming (mera reproducción, que no descarga, de contenidos fundamentalmente audiovisuales) también iban a ser cerradas tras la aprobación de la Ley. Parece, entonces, que lo que se persigue es la eventual posibilidad de copiar de alguna manera esos contenidos, el miedo a que una tecnología superior sea capaz de duplicar y difundir un contenido previsto inicialmente sólo para su reproducción. Se trata, en definitiva, del miedo a lo desconocido.
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