- La falta de uniformidad profesional durante la vista provoca dudas sobre el respeto institucional a las garantías procesales
Hace varios años publiqué un artículo aquí mismo en el que defendía la toga como símbolo esencial de igualdad en el proceso judicial. La toga, prenda reservada a los juristas que intervienen en actos judiciales, trasciende lo meramente estético: representa el acceso en condiciones de igualdad ante los tribunales, unificando en el espacio procesal a defensores y magistrados en el mismo plano y dignidad.
El 24 de noviembre de 2025, la Audiencia Nacional dio inicio al tan esperado juicio contra la familia Pujol, en lo que promete ser un maratón procesal de 41 sesiones. Paradójicamente, la primera jornada comenzó marcada por dos ausencias: la del acusado principal, Jordi Pujol i Soley; y porque ninguno de los abogados defensores portaba toga. La causa de esta segunda ausencia, aparentemente trivial, revela deficiencias logísticas intolerables en la sede judicial: la sala habilitada para proveer de togas permanecía cerrada, obligando a los letrados a comparecer ante el tribunal sin su equipamiento distintivo.
Este detalle, que podría parecer menor y anecdótico, adquiere relevancia simbólica precisamente en el momento más delicado del proceso. Las cuestiones previas, habitualmente relegadas al margen informativo, son en realidad el corazón del juicio penal. De la calidad y profundidad de los argumentos expuestos por las defensas depende no solo la admisión o exclusión de pruebas, sino potencialmente la subsistencia misma de las acusaciones. En este primer tiempo se juega mucho más que la mera liturgia procesal; está en juego la vigencia efectiva de derechos fundamentales y el principio de legalidad.
Erosión del principio de igualdad
La situación resulta aún más llamativa si se considera que esta vista es televisada, a diferencia del reciente juicio contra el Fiscal General del Estado, en el que todos los intervinientes —incluido el acusado en calidad de fiscal— portaban la toga. Entonces, el proceso ofrecía una imagen de orden formal y respeto institucional. Sin embargo, el día 24 de noviembre asistimos a una escena que, lejos de la igualdad formal, siembra la percepción de desigualdad: abogados hacinados en mesas reducidas, pidiendo disculpas por la extensión de intervenciones cruciales, y privados de un signo de la simbólica identidad profesional.
El episodio, más allá del contratiempo logístico, invita a reflexionar sobre la trascendencia de los símbolos jurídicos en la práctica contemporánea. Ninguna reforma ni avance tecnológico puede justificar la erosión del principio de igualdad en el acceso a la jurisdicción. La toga no es solo una prenda: es el recordatorio de una tradición que protege a todos los sujetos procesales, y cuya ausencia, aún involuntaria, es una falta de respeto institucional hacia los letrados y, en última instancia, hacia la justicia misma.
En la Audiencia Nacional, el juicio contra la familia Pujol ha comenzado sin el uniforme que representa la igualdad en la ley. Cabe preguntarse si estamos ante un mero olvido logístico o ante un síntoma más profundo de desprecio a los abogados defensores. El respeto por la forma, en ocasiones, es mucho más que una cuestión de protocolo: es parte integral del fondo.
