El Congreso de los Diputados esta semana ha iniciado la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha dado luz verde a un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. También ha debatido proposiciones no de ley y ha celebrado la sesión de control al Ejecutivo.
El Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley relativa a la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, propuesta por Unidas Podemos. La iniciativa pretende la eliminación del artículo 324 de esta ley que en la actualidad limita la fase de instrucción de procesos penales a seis meses con carácter general o a dieciocho si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas.
Además, los diputados han dado el visto bueno al Real Decreto-ley de medidas urgentes de transposición de directivas europeas en el ámbito de la contratación pública, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones y del ámbito tributarios y de litigios fiscales, que continuará su tramitación parlamentaria. Estas medidas buscan reforzar la protección de los asegurados, mejorar la supervisión de los fondos de pensiones de empleo o impulsar la competitividad y la creación de un mercado único, entre otros.
El Pleno ha aprobado también la propuesta no legislativa del Grupo Plural que busca la modificación del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para generar, entre otros aspectos, puertos sostenibles conectados con las ciudades y garantizar una gestión transparente y multilateral entre administraciones.
Por otro lado, la moción, consecuencia de interpelación urgente sobre la situación que atraviesa el sector frutícola a propuesta del Grupo Republicano ha obtenido, asimismo, el visto bueno de la Cámara. Con su aprobación el Congreso insta al Ejecutivo a presentar un plan para reequilibrar la producción de melocotón y nectarina y combatir la morosidad en las transacciones comerciales de este sector, entre otros.
En la sesión de control, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado a dos preguntas sobre reducción del desempleo e instituciones del estado. A continuación, los vicepresidentes y los ministros han respondido cuestiones sobre el precio de los alquileres, morosidad entre empresas, inmigración ilegal, presupuestos o menores bajo tutela pública, entre otros asuntos.
Con relación a las comisiones, los ministros de Justicia; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; Hacienda; Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han acudido a sus respectivas comisiones para presentar las líneas generales de la política de sus Departamentos.
A continuación, les resumimos la actividad parlamentaria más destacada, desarrollada durante la semana del 17 al 21 de febrero.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Pleno
El martes, 18 de febrero, el Pleno de la Cámara Baja celebraba la Sesión Plenaria en la que se daba el visto bueno a las siguientes iniciativas:
- Tramitar la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que había presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Esta iniciativa, aprobada por 251 votos a favor, 1 votos en contra y 90 abstenciones, plantea la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita la duración de la fase de instrucción de los procesos penales y establece un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas. El texto propone eliminar estos plazos argumentando que "acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previsto".
- A continuación, laProposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Plural, que insta a aplicar medidas para "humanizar y democratizar los puertos" obtuvo la aprobación de la Cámara. La propuesta no legislativa fue aprobada por 191 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención. El texto insta al Gobierno a incidir, dentro de los instrumentos legales y normativos que sean necesarios, en la incorporación de las recomendaciones de la agenda AIVP 2030 (red mundial de ciudades portuarias) relativas a la interacción puertos-ciudad; para humanizar y democratizar puertos, que genere espacios de interrelación, movilidad sostenible y conectada con la ciudad, energías limpias, economía sostenible y protección de la salud de las personas y el planeta, como ejes básicos.
- También se aprobó por unanimidad la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Republicano que insta al Ejecutivo a que tome medidas para paliar la situación que atraviesa el sector frutícola.
- Por último, el Pleno de la Cámara aprobó con 185 votos a favor, 136 en contra y 18 abstenciones la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.Asimismo, se aprobó con 335 votos a favor y 4 abstenciones tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia, por lo que el texto se enviará ahora a la comisión competente, donde se debatirán las enmiendas que presenten los grupos antes de ser remitido al Senado.
Comisión
Comisión de Justicia
La Comisión de Justicia acogió el lunes, 17 de febrero, la comparecencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que pidió altura de miras para alcanzar un gran acuerdo en la XIV legislatura que convierta la Justicia "en un verdadero servicio público" que los ciudadanos perciban como algo "propio y cercano".
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar las líneas generales de la política de su departamento, Campo pidió un esfuerzo conjunto en torno al Plan Justicia 2030 que permitirá colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
El ministro de Justicia se comprometió a someter al consenso de operadores jurídicos y grupos parlamentarios la hoja de ruta del Plan Justicia 2030 que pretende llevar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha. Sus objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
El miércoles, 19 de febrero, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, compareció en el Congreso para explicar las líneas de acción prioritarias de su departamento e informar sobre el impacto y medidas previstas tras la borrasca "Gloria".
Durante su intervención, Ribera desgranó las prioridades del Gobierno en materia energética, medioambiental y reto demográfico, cuyo eje transversal será la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático -con una economía descarbonizada y resiliente al cambio climático-, la corrección de desequilibrios y la exigencia de poner a las personas en el centro de la transición energética, con especial atención a los consumidores y trabajadores más vulnerables.
Comisión de Hacienda
Finalmente, el jueves, 20 de febrero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudió a la Comisión de Hacienda para explicar las líneas generales de su departamento para la legislatura.
En su comparecencia, la titular de Hacienda fijó las prioridades en política presupuestaria, fiscal y de financiación de las entidades territoriales.
La ministra avanzó que los Presupuestos apostarán por un modelo de crecimiento basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias tan sensibles como la dependencia.
Otro de los ejes fundamentales del departamento es abordar la modernización del sistema fiscal para adecuarlo a las nuevas áreas de negocio en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. En esta línea se enmarcan el Impuesto a Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, aprobados esta semana en el Consejo de Ministros en línea con las propuestas de la Comisión Europea.
La ministra también señaló en su intervención el compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación de las entidades locales. En este sentido, anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar la regla de gasto con el objetivo de flexibilizarla.
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