Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una eventual retirada de Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han dejado de ser un recurso retórico de campaña para convertirse en un factor de riesgo que interpela directamente la arquitectura de seguridad internacional configurada tras 1945.
El problema ya no es únicamente geopolítico: es, ante todo, jurídico. Lo que está en juego es la estabilidad de los tratados y la capacidad de Europa para asumir una autonomía estratégica real.
1. La denuncia del tratado y sus límites jurídicos
Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, el Tratado del Atlántico Norte prevé en su artículo 13 un mecanismo de denuncia unilateral. No obstante, dicho mecanismo no puede interpretarse de forma aislada, sino a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, en particular, del principio pacta sunt servanda.
En términos estrictos, la retirada es jurídicamente posible. Sin embargo, sus efectos trascienden la mera desvinculación formal: inciden directamente en un sistema de seguridad colectiva reconocido por las Naciones Unidas a través de acuerdos regionales.
Por ello, aunque la denuncia sea legal, no es neutra desde la perspectiva del orden internacional. La estabilidad de los tratados exige previsibilidad; someterla a ciclos políticos internos erosiona la confianza que sustenta todo el sistema.
2. El límite interno: la contención legislativa en Estados Unidos
Conviene precisar que, en el orden constitucional estadounidense, la voluntad presidencial no es jurídicamente ilimitada.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2024 establece una restricción expresa: el Ejecutivo no puede retirar a Estados Unidos de la OTAN sin el aval de una mayoría calificada del Senado o mediante una ley del Congreso.
Este elemento introduce una dimensión clave: el derecho interno como mecanismo de contención frente a decisiones abruptas en política exterior. No se trata solo de una disputa de competencias, sino de una garantía de continuidad del Estado en sus compromisos internacionales.
Sin embargo, la cuestión dista de estar resuelta. La tensión entre el poder presidencial en materia exterior y la potestad legislativa configura un conflicto constitucional abierto, aún sin una respuesta definitiva en la jurisprudencia.
3. Europa ante el imperativo de la autonomía estratégica
En el plano europeo, el debate trasciende la coyuntura estadounidense. La eventual retirada obliga a replantear un presupuesto estructural: la externalización de la seguridad. Europa ya no puede depender de otros para su defensa.
Como advierte Jean-Claude Piris en The Future of the European Union: A Strategy for Survival, la Unión Europea difícilmente podrá sostener su posición global si no desarrolla una capacidad autónoma en materia de defensa. La arquitectura institucional del Tratado de Lisboa resulta insuficiente sin una voluntad política que la active.
En la misma línea, José Martín y Pérez de Nanclares subraya que la evolución hacia una defensa común constituye el paso necesario para consolidar la integración política. No se trata de una opción estratégica, sino de una exigencia estructural del proceso de integración.
La soberanía compartida en materia de defensa aparece, así, como el elemento pendiente para completar la transición de la Unión: de potencia económica a actor geopolítico pleno.
4. Conclusión: entre la juridicidad y la realidad del poder
El escenario descrito revela una tensión central del orden contemporáneo: la distancia entre la validez jurídica y la efectividad política.
Si Estados Unidos optara por replegarse, el impacto no dependería únicamente de la legalidad de la decisión, sino de sus efectos materiales sobre el sistema de seguridad internacional.
En ese contexto, la Unión Europea no enfrenta una alternativa, sino una necesidad. El fortalecimiento de sus mecanismos de defensa —particularmente a través de la cláusula de asistencia mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea— deja de ser una aspiración para convertirse en un presupuesto de su propia continuidad como comunidad jurídica.
La integración, en su fase más avanzada, exige asumir que la defensa no es un complemento del Estado de Derecho, sino una de sus condiciones de existencia.
