La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles se inhiba en favor del número 3 de Madrid en un procedimiento por muertes en residencias durante la pandemia al considerar que ambos investigan hechos conexos relacionados con la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas mayores durante la pandemia, según han informado los abogados de las víctimas.
Investigación unificada
La resolución, dictada en el marco de una cuestión de competencia entre ambos órganos judiciales, sostiene que la acumulación de las investigaciones permitirá «evitar resoluciones contradictorias y garantizar una adecuada administración de Justicia».
En el auto, la Sala recuerda que, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede el conocimiento conjunto de los procedimientos cuando exista una relación directa entre los hechos investigados que aconseje su enjuiciamiento en una misma causa.
Así, la Audiencia considera que la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid «permitirá la investigación unificada de los hechos y la determinación conjunta de las eventuales responsabilidades penales de las personas investigadas, evitando duplicidad de actuaciones y posibles resoluciones contradictorias».
Por ello, acuerda la inhibición parcial del Juzgado de Móstoles respecto de los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria y ordena remitir las actuaciones al juzgado madrileño, que ya instruye una causa por hechos conexos.
La decisión contrasta con la adoptada el pasado mes de abril por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó unificar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid más de una veintena de procedimientos relacionados con las muertes en residencias durante la crisis sanitaria, manteniendo las investigaciones repartidas entre distintos juzgados.
Situación inédita
El equipo jurídico que representa a familiares de víctimas en más de 80 procedimientos, integrado por los letrados Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, ha celebrado el nuevo pronunciamiento judicial al considerar que respalda la conveniencia de una investigación conjunta.
No obstante, los abogados califican de «incomprensible» la resolución de la Sección Primera al entender que ambas decisiones generan un escenario procesal desigual.
«Nos felicitamos de la decisión adoptada por la Sección Séptima. Ahora en Madrid nos encontramos con una situación inédita y caótica: se acumularán unos casos y otros no. Debería buscarse una solución para que haya una investigación conjunta, igual que ocurre con la DANA en Valencia», han manifestado.
Los letrados han asegurado que, pese a esta situación, adaptarán su estrategia procesal porque su prioridad sigue siendo «la defensa de las víctimas de las residencias y el restablecimiento de la verdad».
