A raíz de la imputación del Duque de Palma en el Caso Nóos, por el que se investiga la presunta apropiación por parte de éste y de su ex-socio también imputado, Diego Torres, de caudales públicos percibidos a través de la Fundación Nóos, surge el debate a cerca de hasta dónde puede abarcar el radio de imputación en relación con las personas que rodean a los mismos. Y en concreto, la principal duda se crea entorno a la posibilidad de incluir o no a la Infanta Cristina en la presente causa.
En este sentido la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se encuentra deliberando dicha cuestión, a raíz del recurso presentado por el sindicato Manos Limpias contra la decisión del Juez Instructor de no imputar a la hija del Rey, al entender que la misma no había tenido participación en los hechos delictivos que se investigan.
No obstante, con independencia de cuál sea la decisión que finalmente se adopte en este sentido, lo cierto es que cabe suponer que al menos parte de ese dinero habría sido utilizado por la Infanta en su propio beneficio, dado que el mismo al parecer fue a parar a destinos a los que ésta tenía acceso, ya fuera a través de sociedades compartidas con el Sr. Urdangarín, o por haber sido incorporado directamente al patrimonio común de ambos.
Y es en este sentido, desde el punto de vista lucrativo del asunto, que el Derecho Penal español prevé la posibilidad de llamar al procedimiento en calidad de Responsable Civil a aquellas personas que se hubiesen beneficiado de los efectos de un delito, sin que sea necesario para ello que dichas personas hubieran tenido algún tipo de participación en la comisión del mismo.
Así, el artículo 122 del Código Penal establece que: "El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación".
Veremos si las partes personadas en el procedimiento hacen uso de este recurso y la Infanta Cristina es finalmente llamada a la causa para restituir el dinero del que se habría beneficiado, proveniente de las supuestas actividades delictivas de su marido.
