Incluye sentencia
El Tribunal Supremo ha elevado de uno a dos años de prisión la condena que la Audiencia Provincial de Álava impuso en diciembre de 2009 a un funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) que solicitó favores sexuales a dos internas del centro penitenciario, para las que ha fijado sendas indemnizaciones de 3.000 euros.
Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública este jueves en la que estima el recurso de casación interpuesto por una de las dos reclusas, a la que el tribunal de instancia no reconoció como víctima.
La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, reconoce que los hechos son de "extrema gravedad" y deben ser merecedores de "un duro reproche penal" al tiempo que considera que el acusado M.M. "de forma explícita, contundente, inequívoca y abrumadora" conminó a la víctima a aceptar favores sexuales.
Los hechos se remontan a las navidades de 2004 cuando el acusado, que ocupaba el cargo de subdirector de seguridad en la prisión, citó en su despacho a la reclusa con el objeto de mantener una "conversación" con ella.
En el transcurso de la entrevista, el funcionario se dirigió a la interna con expresiones como que "tenía la boca hecha para besar" o que "si quería y no se tenía por tonta podía tener privilegios y salir antes como había hecho con otras mujeres, entrando en su juego".
AMENAZABA CON SER "SU MAYOR ENEMIGO"
Ante su negativa, llegó a amenazarla con hacer su condena "muy dura" y ordenar el traslado de su marido a una prisión de alta seguridad en el puerto de Santa María (Cádiz). Como consecuencia de las amenazas, la víctima sufrió un trastorno ansioso-depresivo, depresión leve y aislamiento acentuado, según el fallo.
La Audiencia Provincial de Álava sólo reconoció que el funcionario de prisiones había sido autor de un delito de solicitud de favores sexuales contra otra interna, para quien fijó una indemnización de 3.000 euros, y le absolvió de otros tres delitos de idéntica naturaleza. Según las otras denunciantes, el funcionario les dijo que "si no entraba en su juego iba a ser su mayor enemigo".
Sin embargo, el Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó una de las denunciantes condenando al acusado a un año de prisión por un delito de solicitud de favores sexuales y fijando una indemnización de 3.000 euros por daños morales.
