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El Tribunal Supremo confirma una multa de 2.000 euros a una jueza que insultó a sus compañeros

EUROPA PRESS
  • El alto tribunal avala la actuación del CGPJ al apreciar trato vejatorio reiterado, expresiones ofensivas y conductas impropias en el ámbito judicial

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una multa de 2.000 euros impuesta a una jueza de Nules (Castellón) que humilló en varias ocasiones a algunos de sus compañeros de trabajo, a los que llamó «gilipollas», «vagos», «retrasado», «cara polla» o «frígida», y que profirió comentarios sexuales a un funcionario del juzgado, a quien preguntó: «¿A ti se te levanta?».

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestiman el recurso interpuesto por la jueza contra una resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a su vez rechazaba otro recurso de la acusada contra un acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria del CGPJ que decretaba la sanción.

Conducta reiterada y trato desconsiderado

Según recoge el Supremo en los hechos probados de la Comisión Disciplinaria, la magistrada, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Nules entre octubre de 2020 y noviembre de 2022, se dirigió «de forma desconsiderada» en diversas ocasiones a distintos integrantes de su oficina judicial.

Así, se refería «de forma reiterada» a algunos de ellos como «la frígida», «ama de casa aburrida», «cara polla» o «trol» en conversaciones privadas con otros compañeros de trabajo. En una ocasión citó a varios trabajadores a su despacho, les llamó «vagos» y utilizó expresiones como «aquí van a rodar cabezas», «yo no soy vuestra amiga» o «no quiero réplicas», indica el alto tribunal.

En concreto, se dirigió a la letrada de la Administración de Justicia con las siguientes expresiones: «La directora tiene la piel muy fina», «no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo», «me río con mis amigos jueces de ella» o «no tiene ni idea de tramitar», según el relato.

Comentarios sexuales y humillación pública

La magistrada realizaba «comentarios de carácter sexual» de forma reiterada a uno de los funcionarios, tales como «¿a ti se te levanta?» o «tiene un buen polvo». De hecho, llegó a regalarle un jersey y le preguntó: «¿Cuándo te lo vas a poner?», «¿se lo has dicho a (dice el nombre de su novia)», «esa chica no te conviene» o «es muy celosa», recoge la sentencia.

Además, subraya que también «humilló públicamente delante de sus compañeros» al mismo hombre a quien le realizaba comentarios sexuales, con la frase «no vales nada».

Insultos, amenazas y trato intimidatorio

Otro día, «en tono amenazante», la magistrada llamó «inútil», «inepto» o «incompetente» a un compañero al que también le espetó «no sirves para nada» o «desde que te vi te calé», expresiones que fueron escuchadas «por todos los allí presentes, tanto funcionarios como público», añade la resolución. A otro funcionario le gritó «eres un gilipollas y el decano otro gilipollas».

Asimismo, la jueza llegó a amenazar a un funcionario que no se encontraba presente en aquel momento con frases como «le voy a dar una hostia» o «lo voy a hundir». Además, durante una guardia, le expresó a un detenido, tras acogerse éste a su derecho a no declarar, su deseo de que le condenaran.

La magistrada alegó «falta de motivación probatoria y fáctica» de la resolución de la Comisión Disciplinaria, sobre la que su representación legal adujo que se refería en términos genéricos a una «valoración conjunta» de la prueba sin establecer si ésta era directa o indiciaria, entre otros motivos.

El Supremo concluye que la resolución del CGPJ «contiene la suficiente motivación», sin que ésta desaparezca por el hecho de que proceda a una valoración conjunta de la prueba practicada que acredita los hechos imputados.

«Una cosa es la falta de motivación y cosa bien distinta es que el destinatario del acto administrativo disienta o no comparta las argumentaciones», señala el tribunal, que considera que esto último es lo que ocurre en el caso.

Respecto a las fuentes probatorias, el alto tribunal recuerda que ocho funcionarios del juzgado pusieron en conocimiento de las autoridades el comportamiento de la magistrada.

Finalmente, los magistrados avalan la sanción de 2.000 euros, al entender que la Comisión Disciplinaria la justificó «de manera extensa y acertada».

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