Incluye la sentencia
El juez ha decidido citar a declarar esta semana a tres altos cargos de Banesto –entre ellos su ex presidente, Alfredo Sáenz– y al abogado de la entidad, Rafael Jiménez de Parga, por una presunta denuncia falsa contra el grupo Olabarria por el impago de una deuda con el banco.
El juez ha decidido citar a declarar esta semana a tres altos cargos de Banesto –entre ellos su ex presidente, Alfredo Sáenz– y al abogado de la entidad, Rafael Jiménez de Parga, por una presunta denuncia falsa contra el grupo Olabarria por el impago de una deuda con el banco.
El magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona decidió hoy continuar con el juicio oral, en contra de la opinión de las defensas de Banesto que pedían la suspensión a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de amparo por la prescripción del delito.
La Fiscalía pide 9 años de prisión y 300.000 euros de multa a cada uno de los acusados de Banesto por los delitos de acusación y denuncias falsas y estafa procesal en grado de tentativa, además de la inhabilitación para ocupar cargos en consejos de administración durante dos años.
El juicio llega quince años después de los hechos, cuando los directivos de Banesto se querellaron contra la cúpula del grupo Olabarria por estafa y alzamiento de bienes al no devolver un crédito de 600 millones de pesetas de la época (3,6 millones de euros).
Por parte de Banesto se sentaron en el banquillo, al margen de Sáenz y Jiménez de Parga, José Ángel Merodio Zubiarrain, consejero director general del área comercial y Miguel Ángel Calama Teixeria, director regional de Banesto en Catalunya y Baleares.
Inicialmente, el caso fue instruido por el entonces juez Lluís Pascual Estevill que ordenó prisión para los cuatro socios del grupo Olabarria denunciados por Banesto: Pedro Olabarria, Modesto González Mestre, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García.
Precisamente, Estevill fue condenado en 1996 por prevaricación y detención ilegal contra estos cuatro socios. Hoy el ex abogado de Banesto Rafael Jiménez de Parga negó hoy que hablara con el ex juez sobre la querella criminal.
Estevill, en cambio, sostuvo en su día que se reunió con Jiménez de Parga poco después de que Banesto interpusiera la querella. El ex juez –ahora en prisión– está citado a declarar como testigo ante la Audiencia de Barcelona.
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
Según el escrito del fiscal, los directivos de Banesto dieron luz verde a la interposición de la querella por parte de Jiménez de Parga sabiendo que los hechos y las afirmaciones en que se sustentaba eran falsos.
Los directivos de Banesto argumentaron que habían otorgado créditos al grupo Olabarria con la garantía de la solvencia y patrimonio personal de los socios.
El fiscal niega este extremo y considera que los directivos del banco siguieron con la querella porque se sintieron engañados y estafados, especialmente cuando constataron que el impago se debía a la suspensión de pagos del grupo empresarial.
Incluso Sáenz y la cúpula directiva llegaron a argumentar que los ejecutivos del grupo Olabarria habían desviado fondos al extranjero. Finalmente, en enero de 1995 se archivó la causa contra este grupo de empresarios, que entonces decidieron denunciar a los responsables de Banesto, causa que empezó hoy a juzgar la Audiencia de Barcelona.
Ahora, Pedro Olabarria y el resto de directivos del grupo reclaman a los acusados de Banesto una indemnización de un euro para cada uno de ellos.
