- La norma redefine la movilidad como un derecho colectivo y articula instrumentos de planificación, gobernanza, financiación e innovación para transformar el modelo de transporte en España
La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE, estableciendo un marco normativo ambicioso destinado a garantizar la movilidad como un derecho ciudadano. Según su preámbulo y artículo 4, la norma define la movilidad sostenible como un derecho colectivo esencial, vinculando el acceso al transporte no solo con la libertad de movimiento, sino con otros derechos fundamentales relacionados con el trabajo, la educación, la salud y la calidad de vida.
Para alcanzar esos objetivos, la ley crea el Sistema General de Movilidad Sostenible, un instrumento de gobernanza que articula la cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, e integra también la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil. Dentro de este sistema se prevén órganos como el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, encargados de coordinar políticas, elaborar planes, supervisar su ejecución y asegurar la representatividad territorial.
Obligaciones de planificación urbana para las administraciones
La nueva ley consagra un modelo de movilidad multimodal, accesible e inclusivo, que apuesta por el transporte público, la movilidad activa, los modos no contaminantes y la intermodalidad. Establece obligaciones para las administraciones en planificación urbana, infraestructuras y servicios, así como para la inclusión real de personas con movilidad reducida y con perspectiva de igualdad de género. Además, fija la creación de planes de movilidad sostenible a distintos niveles: estatal, autonómico, local, para grandes centros de actividad o de trabajo, con el fin de adaptar las soluciones al contexto territorial y demográfico concreto.
Otro pilar esencial de la Ley 9/2025 es la apuesta por la innovación, la digitalización y la transparencia. Se crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) como herramienta que centraliza y pone a disposición de las administraciones, profesionales y ciudadanía datos relativos a movilidad, transporte e infraestructuras. La ley regula también un “sandbox” —espacio controlado de pruebas— para proyectos piloto de movilidad innovadora, y sienta las bases para la introducción gradual de vehículos automatizados en vías públicas, mediante la creación de la Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados (OFVA).
Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible
Además, la norma articula un modelo de financiación pública para sostener la movilidad sostenible. Se crea el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), cuyo objetivo es canalizar recursos estatales para financiar el transporte público urbano, apoyar servicios de movilidad, y subvencionar proyectos de inversión en movilidad sostenible a escala urbana, metropolitana, rural o interurbana.
En definitiva, la Ley 9/2025 supone un cambio de paradigma de un modelo centrado en el vehículo privado a otro orientado al ciudadano, la equidad territorial, la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad universal. Con una regulación compleja y extensa, la norma ofrece un marco estable para replantear la movilidad en España, pero su éxito dependerá de la voluntad real de las administraciones, su capacidad de coordinación y la eficaz implementación de los instrumentos previstos.
