A pesar de todos los defectos de que adolece, la actividad jurisdiccional es la garantía que hay, en último término, para la defensa de la legitimidad, la libertad y la democracia. No queda ya nadie, de la esfera pública, que niegue que la estructura judicial adolece de defectos que provocan que cada modernización proyectada se quede en agua de borrajas, o casi. Hasta ahora siempre se acudía al término “Pacto de Estado”. Sin embargo, Francisco Caamaño sorprendió hace días, ratificándolo la semana pasada en su encuentro con Carlos Dívar, al hacer un giro hacia la gente: un Acuerdo Social. ¿Funcionará? En principio, el orden de los factores no altera el producto.
Tras la reunión de la Comisión Mixta celebrada la semana pasada entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, ambas instituciones expresaron su intención de ponerse manos a la obra para lograr un Acuerdo Social por la Justicia, para abordar la reforma general quiere la ciudadanía.
La primera vez que se habló de ello fue hace un mes, de lo cual dimos cuenta en Legal Today cuando Caamaño, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, apostaba por fijarse en las demandas que con más insistencia hacía la sociedad.
Concretamente, decía que buscaría reformas con un impacto efectivo en el modo de impartir justicia en España, que sitúen al sistema en su conjunto, y a los profesionales que prestan en él sus servicios, en un nivel más alto en la estima y consideración ciudadana; llevando adelante -según palabras del Ministro- reformas necesarias y posibles, articuladas en torno a objetivos claros en el tiempo y que cuenten con el mayor consenso posible. Esas áreas de atención preferente vienen definidas, para Caamaño, por cuatro ejes estratégicos:
- Mejorar la calidad la Justicia adoptando medidas organizativas, equilibradas y razonables.
- Incorporar plenamente nuestro sistema de Justicia en las Tecnologías de la Información y Comunicación y adecuar el Registro Civil a la realidad de una sociedad moderna, ágil y conectada.
- Reforzar la libertad y la seguridad de los ciudadanos actualizando nuestra legislación penal, tanto sustantiva como procesal para dar respuesta a las nuevas necesidades de protección.
- Profundizar en la cooperación intergubernamental e internacional, especialmente, aprovechando al máximo las posibilidades de la Presidencia europea.
A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia trabajarán mano a mano para elaborar el Plan Estratégico de Modernización en que se sustentará el Acuerdo Social, cuyos ejes coinciden sustancialmente con el Plan de Modernización proyectado por el Consejo General del Poder Judicial.
Para ello, durante el encuentro que se llevó a cabo la semana pasada de la Comisión Mixta, se trataron asuntos cruciales, sobre todo respecto a la informática; en lo que ello tiene de relación con la futura Oficina Judicial.
