Lo admito: que la OCDE acabe de realizar una consulta pública presencial para revisar el capítulo de sus Directrices de Precios de Transferencia relativos a los servicios intragrupo[1], y se organizase en su sede principal de París, ha dejado fácil el juego de palabras que se plantea en el título de este post. Pero ¿saben realmente de dónde viene la expresión original: “Paris bien vale una misa”?
En el siglo XVI, en Francia, el rey Enrique IV, originariamente protestante, decidió convertirse al catolicismo para buscar una mayor estabilidad en un reino mayormente católico que no acababa de aceptarle. Aunque no existen pruebas de que esta frase se pronunciase realmente, esta expresión se ha convertido en uno de los símbolos del pragmatismo y el sacrificio de principios propios en favor del bien común. Evidentemente, ni la OCDE es Enrique IV, ni los contribuyentes y las autoridades tributarias se encuentran enfrentados en términos similares a los que había en la Francia del siglo XVI entre católicos y protestantes. No obstante, el movimiento de la OCDE para revisar el Capítulo VII de sus Directrices de Precios de Transferencia puede ser una buena iniciativa para acercar posturas entre administradores y administrados, lo que redundará, en principio, en beneficio de ambos.
Tras la celebración de la consulta pública el pasado 9 de noviembre y los más de 100 comentarios recibidos al documento propuesto por la OCDE estos son, desde el punto de vista de quien les escribe, los principales puntos sometidos a debate:
- La prueba del beneficio generado por los servicios: La propuesta de la OCDE establece que dicha prueba del beneficio debe atender al beneficio real o esperado, aunque efectivamente no se materialice. En mi opinión, este planteamiento es acertado: en una relación de plena competencia, un tercero también podría contratar un servicio que luego no le reporta el beneficio esperado o lo reporta más tarde de lo planeado sin que por ello el coste asociado deba dejar de ser deducible en el Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, limitar la valoración de un beneficio en un marco tan limitado como el año puede llevar a obviar elementos que se manifiestan a largo plazo, como consecuencia de la recepción de ese servicio. Por otro lado, varios comentarios presentados a la consulta pública también señalan que la propuesta de la OCDE no elimina el riesgo de que una evaluación “ex post” tenga en cuenta elementos que no pudieron conocerse “ex ante” por parte del adquirente del servicio intragrupo.
- Beneficio y precio son cuestiones distintas: La OCDE plantea que una discrepancia con la administración sobre un precio acordado entre partes vinculadas no debería comprometer la existencia del servicio. En este sentido, los comentarios apoyan el refuerzo de este enfoque para evitar prácticas actuales en ciertas jurisdicciones en las que aún se niega la deducibilidad total del coste asociado al servicio cuando el precio se considera que no fue pactado bajo el Principio de Plena Competencia.
- La mayoría de los participantes en la consulta pública entienden que el documento final que resulte en la modificación del Capítulo VII de las Directrices de Precios de Transferencia debe aportar más ejemplos y orientaciones en elementos como los costes de accionistas o el reparto de costes entre entidades vinculadas. No obstante, también se advierte acertadamente que estos ejemplos y orientaciones no deberían tener carácter obligatorio o vinculante, sino simplemente ser una referencia a administraciones y contribuyentes en la aplicación del Principio de Plena Competencia.
- En lo que se refiere a la documentación, la OCDE lista una serie de documentos y pruebas que pueden llegar a ser útiles para defender la prueba del beneficio o fijar el precio del servicio intragrupo. La OCDE también deja claro que este listado de documentos no debe tratarse como un mínimo obligatorio ni un estándar. A pesar de ello, el principal temor de los participantes en la consulta es precisamente ese: que, siendo un listado útil, las administraciones lo interpreten literalmente y que, en consecuencia, la falta de alguno de esos elementos baste para negar la deducibilidad del coste de un servicio.
En definitiva, más allá de las cuestiones técnicas mencionadas, se puede concluir que el principal mensaje de los participantes se centra en preservar la seguridad jurídica. A mi modo de ver, esto debería ser un estándar mínimo en la actuación de toda administración. En este contexto, la voluntad de la OCDE es acertada, y no dudo que esta propuesta de revisión del Capítulo VII de las Directrices dará como resultado una herramienta de gran utilidad para autoridades y contribuyentes.
No obstante, sin que los estados den el paso definitivo de incorporar las ideas bajo este nuevo capítulo (o las Directrices en su conjunto) a sus ordenamientos jurídicos, el objetivo último de garantizar la certidumbre y la seguridad jurídica no se habrá cumplido: las Directrices se mantendrán principalmente en el ámbito del “soft law” y las posiciones de las autoridades tributarias y sus contribuyentes no se habrán acercado, lo que tiene al final impacto económico.
Por suerte, y aunque no queden los deberes hechos (o no como deberían), “siempre nos quedará París”.
Que tengan un buen día.
La opinión expresada en este artículo es exclusivamente del autor y no refleja ni puede ser relacionada con su entorno profesional.
[1] https://www.oecd.org/en/events/public-consultations/2026/06/public-consultation-on-taxation-revisions-to-chapter-vii-of-the-oecd-transfer-pricing-guidelines.html



