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Prenda de acciones y participaciones: los estatutos pueden atribuir al acreedor el ejercicio de los derechos de socio

Jorge Múgica Querejeta. Asociado senior del Área Mercantil de Broseta
  • La DGSJFP confirma que el pacto estatutario del artículo 132.1 LSC traslada al acreedor el ejercicio de los derechos de socio, nunca su titularidad

Este artículo ha sido publicada en el número 1033 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.

La prenda sobre participaciones o acciones es una de las garantías habituales en cualquier operación de financiación. Mientras el deudor cumple, nadie discute quién vota en la junta ni quién cobra el dividendo. La cuestión se plantea cuando deja de pagar: ¿puede el acreedor asumir el ejercicio de los derechos de socio antes de que concluya la ejecución – ya sea judicial o notarial? La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la “DGSJFP”) de 28 de abril de 2026 responde afirmativamente, en contra del criterio del Registro Mercantil de Madrid, y una reciente sentencia del Tribunal Supremo permite completar el cuadro: el acreedor tendrá el poder que le confieran los estatutos, pero responderá del modo en que lo utilice.

La regla legal y su carácter dispositivo

El punto de partida es el artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital (la “LSC”): “Salvo disposición contraria de los estatutos, en caso de prenda de participaciones o acciones corresponderá al propietario el ejercicio de los derechos de socio”. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos. La norma es dispositiva y, en conexión con el artículo 28 LSC, permite a los estatutos alterar la regla general siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social. La práctica financiera lleva años aprovechando ese margen mediante cláusulas que trasladan al acreedor el ejercicio de los derechos de socio cuando se produce un incumplimiento.

La cláusula y la calificación del Registro Mercantil de Madrid

Cinco filiales de una Socimi incorporaron a sus estatutos un artículo de contenido prácticamente idéntico: en caso de prenda de acciones, “corresponderán al acreedor pignoraticio los derechos de accionista” desde que se notifique por conducto notarial al pignorante y a la sociedad un supuesto de incumplimiento de la obligación garantizada, siempre que se haya admitido a trámite la ejecución judicial o, si la ejecución es notarial, se acredite fehacientemente la citación del deudor.

El Registrador Mercantil de Madrid denegó la inscripción, y la registradora sustituta confirmó su calificación. A su juicio, la cláusula atribuía al acreedor la titularidad de los derechos económicos del socio, lo que no se ajusta a la prenda como mero derecho de garantía y carece de causa (artículos 1261 y 1274 y siguientes del Código Civil). Los dividendos, como frutos civiles, pertenecen al pignorante, que sigue siendo dueño); atribuirlos al acreedor, que además conservaría íntegro su crédito, supondría un enriquecimiento injusto. Solo admitía que los estatutos “legitimaran” al acreedor para percibirlos y compensarlos con la deuda, pues el artículo 132 LSC, a diferencia del 127 LSC para el usufructo, alude únicamente al “ejercicio” de los derechos.

La sociedad recurrió con un argumento principal: las prendas de acciones y participaciones tienen habitualmente naturaleza anticrética y se extienden a los frutos.

Ejercicio, no titularidad: la respuesta de la DGSJFP

La DGSJFP estima el recurso y revoca la calificación. Recuerda que la modificación de la regla legal “no tiene más límites que los generales derivados de la ley o del tipo social que corresponda”, de modo que el pacto puede abarcar todos los derechos del socio o solo algunos, e incluso modular su ejercicio. Pero precisa su alcance: se traslada el ejercicio, no la titularidad, que solo se transmite con la condición de socio y por los medios legalmente previstos. El acreedor queda legitimado mientras persista la prenda, y solo sería titular si la ejecución culmina con la adjudicación de las acciones.

El razonamiento se basa en un criterio de general: los estatutos se interpretan conforme a las normas sobre interpretación de los contratos, y una cláusula no debe leerse de modo manifiestamente contrario a la ley salvo que esa lectura resulte de forma patente de su literalidad. Como la prenda no transmite por sí sola el objeto pignorado y nada en el texto revelaba la voluntad de transmitir la condición de socio, la cláusula debía entenderse limitada a legitimar al acreedor para el ejercicio de los derechos. Lo confirma que sea la existencia de un procedimiento de ejecución, que puede desembocar en esa transmisión, lo que activa el pacto.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta dos aspectos. El primero, de redacción: la DGSJFP reconoce que el texto habría sido más correcto si aludiera al ejercicio de los derechos, aunque ello no justifica denegar la inscripción. El segundo, de fondo: la Resolución solo decide que la cláusula es inscribible. Qué debe hacer el acreedor con los dividendos que cobre —imputarlos a la deuda o retenerlos— era lo que preocupaba al registrador, pero no se resuelve en el Registro: dependerá del contrato de prenda y, en caso de conflicto, de los tribunales.

Más facultades, más riesgo

La STS 1207/2026, de 20 de julio, aborda la otra cara de la cuestión: la responsabilidad del acreedor. Una sociedad había pignorado acciones de un banco en garantía de un préstamo concedido por la propia entidad. En mayo de 2015 ordenó venderlas para amortizarlo. El banco no las vendió y, en 2017, fue objeto de resolución y sus acciones se amortizaron, con la pérdida total de la garantía.

El Supremo admite que el acreedor podía negarse, porque la póliza exigía su consentimiento para cancelar la pignoración. Pero, si la venta hubiera bastado para amortizar el préstamo, mantener la garantía “conlleva una redistribución del riesgo de la falta de cobertura de la garantía, que se traslada al acreedor pignoraticio”. El banco responde por el valor de las acciones a la fecha de la orden, más intereses, y le corresponde probar que la pérdida no se debió a su negligencia.

Aunque se trata de una garantía financiera sobre valores cotizados, a nuestro juicio la idea es trasladable. La cláusula estatutaria refuerza al acreedor, que puede votar y cobrar dividendos antes de que concluya la ejecución, pero sobre acciones que siguen siendo del socio, lo que lo expone a una reclamación posterior por el modo en que ejerza esos derechos.

Consecuencias prácticas

A la vista de estas decisiones, conviene atender a tres cuestiones:

  1. Incluir la cláusula en los estatutos, y no solo en el contrato de prenda, con una redacción referida al ejercicio de los derechos de socio y que precise el momento desde el que opera (por ejemplo, la notificación notarial del incumplimiento y la admisión a trámite de la ejecución).
  2. Regular en el contrato de prenda el destino de los dividendos y demás derechos económicos que perciba el acreedor, en particular su imputación a intereses y capital conforme al artículo 1868 CC.
  3. Documentar cada decisión relevante sobre la garantía: el deudor, cualquier orden de venta y el valor de lo pignorado en esa fecha; el acreedor, las razones de su negativa, pues le corresponderá acreditar su diligencia.

En definitiva, los estatutos pueden conferir al acreedor un mayor control sobre la acción en cuestión, pero ese control lleva aparejada una mayor responsabilidad.

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