- Ante la insolvencia, conviene estudiar el expediente completo, ya que dos situaciones pueden parecer iguales sobre el papel, pero jurídicamente pueden no serlo
Una sanción tributaria grave puede impedir que una persona acceda a la segunda oportunidad. Pero, ¿qué importe debemos tener en cuenta cuando esa sanción ha sido objeto de reducciones? ¿El importe inicial de la sanción o la cantidad que realmente puede exigir Hacienda?
La cuestión no es menor, ya que unos pocos euros pueden marcar la diferencia entre acceder a la exoneración o quedarse fuera. Y precisamente sobre esto se pronuncia la sentencia 172/2026, de 17 de junio, de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, plaza n.º 5.
De 5.816,92 euros a 4.071,85 euros
El caso es muy claro: El deudor tenía impuesta una sanción tributaria grave cuyo importe inicial ascendía a 5.816,92 euros. Sin embargo, después de aplicar la correspondiente reducción, la responsabilidad sancionadora efectivamente exigible había quedado fijada en 4.071,85 euros. La diferencia era decisiva.
El artículo 487.1.2.º TRLC impide acceder a la exoneración, en el caso de infracciones tributarias graves, cuando la sanción excede del 50% de la cuantía susceptible de exoneración por la AEAT a que se refiere el artículo 489.1.5.º TRLC. En este supuesto, el umbral que se tomaba como referencia era de 5.000 euros.
La AEAT defendía que debía atenderse a los 5.816,92 euros iniciales. Si se aceptaba su interpretación, el deudor quedaba fuera de la segunda oportunidad, pero cabe destacar que el Tribunal no lo entiende así.
Lo importante es lo que realmente se debe
La sentencia parte de una idea que nos parece especialmente importante: Las causas que impiden acceder a la segunda oportunidad son excepciones y, precisamente por ello, deben interpretarse de forma estricta y proporcionada.
A partir de ahí, la resolución centra la cuestión en la responsabilidad sancionadora efectivamente exigible al deudor, y no en una cantidad inicial que la propia Administración ya no reclama en esos términos:
«Lo relevante para valorar la concurrencia de la causa de exclusión prevista en el art. 487.1.2º TRLC es la entidad real de la responsabilidad sancionadora subsistente frente al deudor».
Si lo llevamos a la práctica, cuesta entender que pueda impedirse a una persona acceder a la segunda oportunidad utilizando una cantidad que ya no coincide con la responsabilidad que realmente se le exige.
De hecho, la propia sentencia advierte de que lo contrario supondría utilizar una magnitud «formal o abstracta» desconectada del importe realmente exigible, algo que considera incompatible con el carácter restrictivo de las causas de exclusión y con el principio de proporcionalidad.
No basta con mirar la resolución sancionadora
Esta sentencia deja, además, una enseñanza muy práctica para quienes trabajamos habitualmente con expedientes de segunda oportunidad. Cuando aparece una sanción tributaria grave, no basta con comprobar su importe inicial, sino que hay que revisar bien el expediente: qué reducciones se aplicaron, cuáles se han mantenido, si se perdió alguna de ellas y, finalmente, cuál es la responsabilidad sancionadora que continúa siendo exigible.
Puede parecer un detalle menor y lo cierto es que no lo es.
En este caso, una sanción que inicialmente superaba los 5.000 euros terminó con una responsabilidad exigible de 4.071,85 euros. Y esa diferencia cambió el resultado del procedimiento.
El Tribunal concluye que no concurre la causa de exclusión del artículo 487.1.2.º TRLC y desestima la oposición formulada por la AEAT.
Revisar bien una deuda puede cambiar un procedimiento
En la Ley de la Segunda Oportunidad, muchas veces la estrategia empieza precisamente ahí: En estudiar la deuda y no dar por buena la primera cifra que aparece en un certificado o en una resolución administrativa.
Cada deuda tiene detrás una historia. Y cuando hablamos de deuda pública, revisar su origen, naturaleza, importe y situación actual puede ser determinante.
En este caso no se discutía si había existido una sanción tributaria grave, ya que su existencia estaba clara. Lo que debía determinarse era qué sanción debía contar a efectos de impedir la exoneración. Y la respuesta del Tribunal es clara: La responsabilidad sancionadora realmente exigible.
Por eso, ante una situación de insolvencia, antes de concluir que una sanción tributaria impide acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, conviene estudiar el expediente completo. En Bergadà Abogados lo vemos a diario: Dos situaciones que sobre el papel pueden parecer iguales, jurídicamente pueden no serlo.
A veces, encontrar esa diferencia es precisamente lo que permite plantear correctamente una segunda oportunidad. Porque una cifra inicial explica cómo empezó una deuda, pero es la deuda que realmente subsiste la que puede decidir cómo termina.
