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18/11/2026. 07:22:29
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La prohibición de acceso a internet en los ciberdelitos

  • Los tribunales empiezan a imponer vetos y vallados virtuales a ‘influencers’ y usuarios de plataformas condenados por acoso en el ciberespacio

            El pasado 5 de octubre, el presidente Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29-N. En consecuencia, se ha producido el decaimiento automático de todas las iniciativas legislativas en tramitación, lo que implica que no se aprobarán muchas de las reformas legales que estaban pendientes al cierre de la legislatura. Uno de los proyectos cancelados ha sido la Ley de protección en entornos digitales, cuyo texto incluía una medida de alejamiento virtual, consistente en la «prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno». Esta medida iba encaminada a que los tribunales pudiesen impedir a los ciberdelincuentes el acceso a plataformas, de manera que tuvieran prohibido usar cuentas ‘on line’ para realizar sus fechorías. Pero al haber finalizado la legislatura sin aprobarse el proyecto, ¿podrán entonces los jueces imponer igualmente estas medidas?, y en todo caso ¿es realmente viable prohibir a ciberacosadores y ‘haters’ que usen las redes sociales, o impedirles que puedan usar incluso ‘whatsapp’ para chatear? ¿De qué modo podrá garantizarse el efectivo cumplimiento de este veto judicial en el ciberespacio?

            El Tribunal Supremo parece tener pocas dudas al respecto. Este mes de octubre daba a conocer la confirmación de la condena al rapero ‘Frankie Gee’, obligándole a cerrar sus cuentas sociales en Facebook, Instagram y YouTube, prohibiéndole usar esas plataformas durante un periodo de cuatro años, y ello porque empleó esos espacios virtuales para acosar y amenazar a un periodista y a su familia. El Alto Tribunal avala de esta manera que la «limitación de acceso a una determinada red social no supone una afectación desproporcionada a las facultades del individuo» si es por un tiempo determinado y el veto no se generaliza sobre cualquier contenido de internet sino tan solo sobre aquel que está relacionado con el delito. En el año 2022 el Tribunal Supremo ya se había pronunciado del mismo modo, en el caso de un conocido ‘youtuber’ de Barcelona que colgaba vídeos burlándose de personas sin hogar. El ‘influencer’ realizó un infame «reto» consistente en sustituir el relleno de unas galletas Oreo por dentífrico, entregándolas luego para su consumo a un mendigo en situación de calle, al tiempo que grababa la escena entre risas y comentarios denigrantes. Acabó condenado por un delito contra la integridad moral, y se le prohibió también acudir durante cinco años al lugar del delito, considerando como tal la red social YouTube, «lo que implica el cierre por este tiempo del canal creado por el acusado, con la consiguiente prohibición de crear otros durante ese tiempo», según reza el fallo judicial.

            También este mes de octubre se ha sabido de otra importante sentencia que impone un alejamiento digital, en esta ocasión por compartir ‘deep fakes’ de contenido sexual. Un juez de Sevilla ha condenado a unos jóvenes por manipular imágenes de varias compañeras de colegio y simular que estaban desnudas, usando herramientas de IA. El fallo judicial, que ha devenido firme por acuerdo entre las partes, además de imputarles varios delitos impone a cada uno de ellos la prohibición de usar las aplicaciones de Telegram, WhatsApp, Instagram y Discord por un tiempo de casi cuatro años. El asunto recuerda a otro muy parecido ocurrido en Almendralejo (Badajoz) en el año 2023, cuando un grupo de quince menores fueron condenados por generar ‘deep fakes’ sexuales de hasta una veintena de chicas también menores de edad. A todos ellos se les sancionó con un año de libertad vigilada y la obligación de realizar cursos de formación afectivo-sexual, aunque en este caso no llegó a aplicarse ningún vallado digital. Pero cada vez será más frecuente encontrar sentencias que condenen a ciberdelincuentes con prohibiciones de acceso a internet. Incluso yendo más allá, empiezan a verse peticiones como prohibir directamente que el acusado publique artículos y tribunas de opinión en la prensa. En un reciente caso de ciberodio, protagonizado por una concejala del Ayuntamiento de Plasencia, la Fiscalía no ha tenido reparo alguno en solicitar una condena con la «prohibición de crear perfiles en periódicos digitales durante el tiempo de tres años», según ha transcendido en los medios. Este tipo de prohibiciones no solo busca una desconexión forzosa de las redes, sino que también impediría expresar opiniones y participar en cualquier foro de la índole que fuera. Será la Audiencia Provincial de Cáceres quien juzgue si la petición es desproporcionada o no.

            Coincidiendo con todo ello, se emitía el pasado 11 de octubre el documental televisivo «Un justiciero en las redes sociales», sobre el caso del ‘youtuber’ canadiense Jason Nassr. Este se hacía pasar por una niña para contactar con hombres en webs de citas para adultos, y cuando conseguía un encuentro físico grababa un vídeo que luego subía a su canal de YouTube «Creeper Hunter TV» acusándolos de pedófilos. Algunas de estas personas se suicidaron después de ser públicamente humilladas y crucificadas en las redes, y Nassr acabó siendo juzgado y condenado por varios delitos morales. Se le impuso finalmente una libertad condicional (‘parole’) con la prohibición de utilizar internet para realizar sus actividades de ‘youtuber’, una medida frecuente en países como Canadá o EEUU. Explica el profesor Felip i Saborit (UPF) que las agencias de supervisión norteamericanas de libertad condicional exigen a estos ciberdelincuentes que acepten de antemano visitas y registros sin previo aviso, la copia de toda la información, la retirada de dispositivos informáticos para una inspección más a fondo, o la instalación de programas que permitan limitar las actividades que se pueden realizar. Además, en ocasiones se imponen condiciones adicionales como la obligación de utilizar solo un ordenador determinado o un proveedor de servicios de internet, o la prohibición de la entrada en cibercafés, locutorios o bibliotecas. ¿Acabará pasando lo mismo en España? Las decisiones judiciales que se han conocido en los últimos días apuntan en esa dirección, adelantando incluso la aplicación de una ley que, como se ha dicho al principio, no ha conseguido todavía ser aprobada.

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