El artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, regula las condiciones de acceso a la función pública penitenciaria, los derechos y deberes del personal penitenciario y, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2026, de 13 de octubre (BOE 14/10/2026), que le otorga a este personal funcionarial la condición de «agentes de la autoridad», también sus prerrogativas.
1. Prerrogativas de los funcionarios penitenciarios previstas en el artículo 80 de la Ley penitenciaria, tras su reconocimiento como «agentes de la autoridad» por la Ley orgánica 4/2026
Las prerrogativas de los funcionarios penitenciarios reconocidas como «agentes de la autoridad» y reguladas en el nuevo artículo 80 de la ley penitenciaria son las siguientes:
La prerrogativa de la presunción de veracidad en los expedientes disciplinarios;antes, si un funcionario formulaba un «parte disciplinario» contra un interno por una infracción regimental de este, su palabra valía legalmente lo mismo que la del recluso en caso de recurso. Esto generaba cierta indefensión probatoria y disparidad de criterios judiciales; ahora, los «partes disciplinarios» e «informes» de los funcionarios que hayan presenciado los hechos constituyen base suficiente para sancionar al interno (presunción iuris tantum).
La prerrogativa del respeto del anonimato en las declaraciones y notificaciones ante los juzgados; antes, cuando un funcionario denunciaba una agresión o declaraba como testigo, sus datos personales (nombre, apellidos e incluso domicilio) solían figurar en los expedientes judiciales, accesibles para los reclusos y/o sus abogados; ahora, en cualquier procedimiento judicial e incluso administrativo derivado de su trabajo, el personal penitenciario puede identificarse exclusivamente mediante su Número de Registro Profesional (NRP).
La prerrogativa de la protección penal ante agresiones; antes, gran parte de las agresiones físicas o amenazas sufridas por el personal penitenciario dentro de los centros penitenciarios se consideraban judicialmente como delitos leves de lesiones o coacciones, castigados con simples penas de multa que fomentaban una sensación de impunidad en el entorno laboral; ahora, cualquier agresión física o intimidación grave cometida por un recluso se enjuicia como un delito de atentado a la autoridad (art. 550 del Código Penal), lo que añade penas de hasta cuatro años de prisión adicionales a la condena delictiva del recluso.
La prerrogativa del principio de indemnidad (como garantía de indemnización); antes, si un recluso causaba daños materiales a un funcionario o lesiones en un altercado, el juzgado condenaba al recluso a pagar los daños. Al ser la gran mayoría de internos insolventes, el funcionario nunca cobraba la indemnización, salvo que lograse una difícil declaración de la Administración Penitenciaria como responsable civil subsidiaria o acudiendo a la vía de la responsabilidad patrimonial; ahora, el resarcimiento es directo. La Administración Penitenciaria asume la obligación de indemnizar económicamente al trabajador por los daños materiales o físicos sufridos en acto de servicio, encargándose el Estado a posteriori de reclamarle la deuda al interno.
La prerrogativa de la separación de otros reclusos en caso de detención o ingreso en prisión por razones de seguridad; ahora, la ley añade una garantía para preservar la integridad física de los propios trabajadores penitenciarios si se ven inmersos en un proceso penal. Si un funcionario de prisiones es detenido o se decreta su ingreso en prisión preventiva, se garantiza por ley suseparación total del resto de reclusos comunes, tanto en las celdas de comisaría como en los módulos del centro penitenciario, también en los furgones de traslado bajo custodia policial, evitando que coincida con personas a las que él mismo ha podido vigilar o sancionar.
2. La prerrogativa del uso de la fuerza legítima de los funcionarios penitenciarios no está regulada en el artículo 80 de la Ley penitenciaria.
Dentro de su ámbito competencial, los funcionarios de prisiones, antes de que la Ley Orgánica 4/2026, de 13 de octubre, les reconociera la condición de «agentes de la autoridad», tenían y tienen reconocida la prerrogativa de poder utilizar la fuerza legítima en el artículo 45 de la Ley penitenciaria en determinados casos y bajo las condiciones establecidas legal y reglamentariamente (art. 72 del Reglamento Penitenciario).
La utilización de la fuerza legítima por los funcionarios penitenciarios con los internos es posible dentro de los centros penitenciarios mediante el uso de los llamados «medios coercitivos» en tres supuestos excepcionales: para impedir actos de evasión (fugas) o de violencia de los internos; para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o a los bienes materiales del centro; y/o para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes legítimas del personal en el ejercicio de su cargo.
Estos medios coercitivos que legítimamente pueden ser utilizados por los funcionarios penitenciarios son: la fuerza física personal; el uso de técnicas de reducción física o defensa personal por parte de los funcionarios para contener al interno recurriendo únicamente a sus manos/cuerpo; las defensas de goma (porras)para repeler agresiones físicas inmediatas; las esposas,utilizadas para la inmovilización temporal o sujeción mecánica de corta duración de los internos que muestren un comportamiento altamente violento; el aislamiento provisional, que consiste en un internamiento urgente del recluso en una celda para salvaguardar la seguridad del módulo hasta que se calme o se resuelva el altercado; y los aerosoles de acción adecuada,dispositivos de dispersión de sustancias permitidas para neutralizar a distancia situaciones de grave peligro.
3. ¿Por qué debería estar regulada la prerrogativa del uso de la fuerza legítima en el artículo 80 de la Ley penitenciaria?
La razón de que esta prerrogativa no aparezca prevista en el artículo 80 de la Ley penitenciaria puede ser que introducirla en este precepto podría resultar redundante, al estar ya consagrada en su artículo 45, y técnicamente incorrecto, pues la Ley penitenciaria mantiene separados el estatuto del personal (Título VI) y las potestades funcionales del personal penitenciario de control sobre los internos (Título II, Capítulo IV).
Sin embargo, en mi opinión, sí que hubiera sido correcto y adecuado hacer una referencia expresa a esta prerrogativa dentro del artículo 80, junto con las demás prerrogativas recogidas en dicho precepto y que fundamentan el principio de autoridad del personal penitenciario, precisamente porque el artículo 80 regula el estatuto de dicho personal penitenciario y el artículo 45 hace referencia solamente a los aspectos funcionales, máxime teniendo en cuenta que la prerrogativa del uso de la fuerza legítima es una de las más propias de la condición de «agentes de la autoridad», que ahora tienen reconocido los funcionarios penitenciarios.
