- La STS de 20 de julio de 2026 exige que la Administración corrija solo la ventaja abusiva y le impide eliminar sin más el diferimiento del régimen de neutralidad
En la tributación de las aportaciones no dinerarias a holdings familiares se esperaba una sentencia del Tribunal Supremo que asentara, o reconfigurara, el equilibrio entre la neutralidad fiscal y el control del abuso. Esa sentencia ya existe. El Supremo la dictó el 20 de julio de 2026 (recurso de casación 6518/2023, ECLI:ES:TS:2026:3529), y su mensaje es claro: incluso cuando la operación no responde a un motivo económico válido, la Administración no puede eliminar de forma automática el diferimiento y gravar la plusvalía latente de la aportación, sino que solo podrá hacerlo si justifica, con una motivación reforzada, que ese diferimiento era el objetivo principal buscado con la operación.
El caso: una holding familiar sin motivo económico válido
Un matrimonio, junto con sus dos hijas, constituyó en diciembre de 2006 una sociedad holding aportando acciones de varias sociedades operativas del grupo familiar. La Inspección negó el régimen especial por apreciar falta de motivo económico válido e integró en el IRPF de 2006 de la esposa toda la ganancia patrimonial derivada de la aportación. A su juicio, la finalidad de la operación era exclusivamente fiscal: reducir la tributación de los dividendos y, además, reducir la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio y, en el futuro, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Audiencia Nacional ratificó ese criterio y consideró que la operación debía regularizarse aplicando el régimen general.
El Supremo no se detiene en la ausencia de motivo económico válido, que no es objeto de un análisis específico en casación. Lo que debía resolver era otra cosa, y es lo verdaderamente relevante para la práctica: cómo se regulariza cuando hay abuso.
La proporcionalidad ya estaba en la norma
El Tribunal afirma que la cláusula antiabuso del antiguo artículo 96.2 del TRLIS ya llevaba implícito un principio de proporcionalidad, que permitía inaplicar el régimen solo de forma parcial. Lo deduce del artículo 11 de la Directiva 90/434/CEE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en particular, de la sentencia Leur-Bloem, que ya entendió implícito ese principio en el artículo 11, y de la sentencia Euro Park Service, que exige un examen global, caso por caso, y rechaza las normas de alcance general que priven automáticamente de la ventaja fiscal), así como del deber de interpretar el Derecho interno conforme al Derecho de la Unión. Por eso la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 89.2, no hizo más que explicitar lo que ya existía al prever la regularización parcial.
La Sala recuerda además una idea que conviene no perder de vista: lo determinante es la finalidad elusiva y la artificiosidad de la operación. Obtener una ventaja fiscal que no sea el objetivo principal no convierte la operación en ilegítima.
Qué ventaja puede corregirse: la que identifica la liquidación
La clave de la sentencia es que las ventajas abusivas deben estar identificadas en el acuerdo de liquidación. En este caso, la Inspección había situado el abuso en tres ventajas: la reducción de la tributación de los dividendos de las participaciones aportadas, que, interpuesta la holding, quedaban sin tributación efectiva por la deducción por doble imposición del artículo 30 del TRLIS; la reducción de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio, y la reducción de la tributación futura en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No había señalado el diferimiento de la plusvalía como ventaja abusiva, su pérdida se aplicó de forma automática, como mera consecuencia de negar el régimen. La liquidación tampoco justificaba la conexión entre la plusvalía diferida y los beneficios no distribuidos de las operativas, que la Abogacía del Estado intentó introducir después en sede judicial. Por eso, concluye el Supremo, la corrección del abuso no permitía eliminar el diferimiento.
Ese diferimiento, inherente al régimen, solo puede suprimirse si la Administración justifica, con una motivación reforzada y apoyada en elementos de prueba claramente indicativos, que era el principal objetivo buscado con la operación. La carga de esa prueba recae sobre la Administración, en línea con el criterio del TJUE, y se justifica porque el régimen de neutralidad es de aplicación general y no excepcional. Como la liquidación no lo hizo, el Tribunal estima el recurso y anula los actos impugnados.
Relación con la doctrina del TEAC
El TEAC ya había limitado las regularizaciones de la Inspección: en vez de gravar toda la plusvalía en el año de la aportación, exige imputarla a la persona física conforme la holding percibe dividendos con cargo a reservas anteriores a aquella. Para el TEAC, corregir eficazmente el abuso puede exigir eliminar el diferimiento. El Supremo, en cambio, considera que este es inherente al régimen y, con carácter general, no constituye una ventaja regularizable. La sentencia menciona el sistema del TEAC, pero no lo enjuicia porque la Inspección no lo aplicó en este caso. No obstante, dado que ese sistema también grava la plusvalía diferida, cabe sostener que su aplicación exigirá a la Inspección justificar, con motivación reforzada, la conexión entre esa plusvalía y las reservas distribuidas, precisamente lo que faltaba en la liquidación anulada. El Tribunal tampoco examina si la exención de los dividendos puede constituir por sí misma una ventaja abusiva, pues la cuestión no se planteó en la instancia. Ambas cuestiones siguen abiertas.
Qué deben hacer hoy los grupos familiares
El mensaje operativo es triple. Primero, la acreditación de los motivos económicos —relevo generacional, gobernanza, racionalización— sigue siendo la primera línea de defensa, siempre que sean reales y estén documentados (en este caso el relevo generacional se descartó porque las hijas no asumían funciones mínimas en las sociedades operativas). Segundo, si la Inspección cuestiona la neutralidad, la discusión debe trasladarse a qué ventaja concreta identifica la liquidación como abusiva y a si la regularización se limita a ella. Tercero, cualquier liquidación que grave automáticamente la plusvalía latente sin una motivación reforzada queda ahora seriamente comprometida.
En definitiva, el Supremo deja claro que el abuso debe corregirse, pero solo en la medida del abuso, y deja abierta la mecánica concreta de corrección que viene aplicando el TEAC. La neutralidad fiscal no se pierde como sanción por no superar el examen del motivo económico válido.


