El año 2011 se acercó a los seis millones de causas penales (en concreto, 5.290.617), lo que supone un aumento del 1,33 % respecto el año anterior. Blas Alberto González Navarro, Magistrado en excedencia y Socio en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira nos comenta que "es preciso poner a disposición de los Jueces de lo Mercantil conocimientos, no jurídicos, sino puramente empresariales, de administración de empresas"
El Rey presidió ayer la solemne ceremonia de apertura del Año Judicial 2012-2013 en un acto celebrado en el Tribunal Supremo y al que acudieron las principales autoridades judiciales de España. Durante el acto, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torre-Dulce, anunció “tolerancia cero” con la corrupción y con ETA. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, apeló al consenso entre los partidos políticos para abordar las anunciadas reformas en la Justicia.
Por primera vez participaron en la ceremonia de apertura del año judicial Alberto Ruiz-Gallardón como Ministro de Justicia, Eduardo Torres-Dulce como Fiscal General del Estado y Gonzalo Moliner como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. A la apertura de tribunales asistieron vocales del CGPJ, presidentes de las salas del Tribunal Supremo, magistrados del Alto Tribunal, presidente de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Audiencias Provinciales, entre otras personalidades.
En su discurso, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner apeló a los partidos políticos para alcanzar el consenso en un asunto de interés general como son las reformas anunciadas sobre la Justicia.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, fue el primero en tomar la palabra durante la ceremonia. Como es tradicional, expuso la actividad de la Fiscalía en el año judicial que se cerraba. En la Memoria, se recoge que sólo en materia penal el año 2011 se acercó a los seis millones de causas penales (en concreto, 5.290.617), lo que supone un aumento del 1,33 por ciento respecto el año anterior.
Delitos económicos
Nos hemos fijado en la parte de la Memoria de la Fiscalía que se refiere a lo económico. La Memoria presentada ayer afirma respecto a los delitos económicos que "Lo que más sorprende al efectuar una aproximación al número de asuntos despachados, no es tanto la cifra de los mismos, cuanto el tiempo invertido en su investigación y enjuiciamiento". De hecho, las dificultades para enjuiciar los delitos económicos son puestas de manifiesto por el Fiscal de Jaén, entre otras razones, "por la falta de conocimiento en materia tributaria, que a menudo se solventan por las buenas relaciones con la Agencia Tributaria de las provincias". Por su parte, desde la Fiscalía de Almería se cuestionan la práctica habitual de conceder los beneficios de suspensión de condena a los Sentenciados por delito contra la Hacienda Pública, independientemente de la cuantía de la cuota defraudada.
Blas Alberto González Navarro, Magistrado en excedencia y Director del Área de Propiedad Intelectual e Industrial, Medios y Protección de Datos en Madrid en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira nos comenta que "es preciso poner a disposición de los Jueces de lo Mercantil conocimientos, no jurídicos, sino puramente empresariales, de administración de empresas, que te muestran el engranaje, los estímulos del emprendedor, que no tiene por qué ser un buen empresario, la mente de quien sí lo es, las dificultades reales que enfrenta, etc." El documento constata que "Los delitos societarios, aún reconociendo las dificultades para proceder a constatar su número de forma aproximada, parecen haberse estancado".
"El cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, las crecientes dificultades económicas, constituyen el caldo de cultivo idóneo para la comisión de un nutrido número de delitos"
"En esta situación, -sigue la Memoria de la Fiscalía- se hace preciso apelar a la sensibilidad y espíritu crítico de los Fiscales para evitar la criminalización de conductas que no lo merezcan, por obedecer a unas razones económicas coyunturales y al tiempo extremar la rigurosidad en la persecución de toda conducta defraudatoria causante directa o indirectamente de pérdida de puestos de trabajo.
La Memoria sigue diciendo que "sí se puede afirmar que existe una tendencia al alza en el número de delitos contra la Hacienda Pública. Han aumentado de forma significativa las investigaciones por defraudación de IVA, mientras permanecen estables o se reducen algo las referidas a IRPF. Parece que este hecho puede deberse en gran medida a que la política de la Agencia Tributaria se ha orientado en esa dirección".
Sigue diciendo que "es cierto que las causas son variadas y no fáciles de eliminar (complejidad de la materia, atasco crónico de algunos Juzgados, oficina judicial obsoleta, diligencias complicadas de realizar, escasa colaboración de Abogados y Procuradores, remisión tardía de expedientes por la Agencia Tributaria, etc.), pero la constatación y análisis del fenómeno es absolutamente desolador, sobre todo cuando se observa que las dilaciones son de tal naturaleza que en ocasiones llegaron a provocar la prescripción del delito o delitos investigados, o cuando menos sentencias que por tardías serán absolutamente ineficaces".
Los delitos societarios, aún reconociendo las dificultades para proceder a constatar su número de forma aproximada, parecen haberse estancado, las escasas referencias que de de ellos tenemos, abonan la tesis de que se mantienen en cotas parecidas a las de años anteriores.
