El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido este miércoles a realizar cambios «concretos» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los denominados ‘macroprocesos’, como establecer un marco normativo para las técnicas de investigación que utilizan los jueces de la Audiencia Nacional.
En este sentido, Catalá ha adelantado que su Departamento también trabajará para extender la Nueva Oficina Judicial y modernizar a través de las nuevas tecnologías la Administración de Justicia.
El ministro ha admitido que se trata de "un proceso ambicioso" pero cuenta con "un magnífico equipo en el Ministerio, el Consejo General Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado" para trabajar por unas reformas que faciliten a los jueces la prestación de un servicio de mayor calidad.
En este sentido, el jefe de la cartera de justicia ha defendido la labor de los jueces en la "lucha" contra las "conductas delictivas" que "socaban" los recursos públicos y la imagen de las Administraciones. Según el ministro, los magistrados "están demostrando ser un auténtico pilar del Estado de Derecho".
El ministro, que ha participado en la apertura de la XXIX Asamblea General de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que se celebra estos días en Burgos, ha explicado las reformas que se abordarán en esta legislatura, con la intención de que se produzcan desde el "consenso y el diálogo" con las partes implicadas.
Se mantendrá el aforamiento judicial
El ministro se ha mostrado abierto a debatir e incluso retirar un punto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suscitó críticas como fue el establecimiento de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
Catalá ha asegurado que tampoco desaparecerán los partidos judiciales, porque un planteamiento realista aconseja alcanzar la agilización de los procesos judiciales a través de sistemas alternativos de reparto de las cargas de trabajo.
Respecto a la reforma de la ley orgánica que afecta a los aforamientos, Catalá ha diferenciado entre el judicial, del que afectará a los responsables políticos y ha segurado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no tiene intención de desproteger a los miembros del Poder Judicial" mediante la reforma.
El ministro se ha mostrado abierto a debatir e incluso retirar un punto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suscitó críticas como fue el establecimiento de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
En cambio, se seguirá adelante con el establecimiento de un cauce que acabe con el vacío legal existente en torno a la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se condena a España, al imponer una determinada interpretación del Convenio de Derechos Humanos.
Respecto a la reforma de la Justicia universal, el ministro ha recordado la sentencia del Supremo que puso fin a la polémica que se suscitó y ha añadido que la intención del Gobierno fue homologar la Justicia española a la de las democracias de nuestro entorno.
En cuanto a las tasas judiciales, el ministro se ha comprometido a analizar su repercusión en la litigiosidad y determinar su recaudación para evaluar, junto a los operadores jurídicos y todas las partes implicadas, el impacto que tienen para evitar que "nadie pueda ver restringido" su derecho de acceso a la justicia "por motivos económicos".