La transformación digital constituye un paso esencial para mejorar el acceso a la justicia, la eficiencia, calidad y transparencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea (en adelante, UE). Es indiscutible que las herramientas tecnológicas facilitan el acceso a la justicia, eliminan barreras geográficas y temporales, reducen los costes procesales y optimizan el trabajo de los profesionales del ámbito judicial, brindando a la ciudadanía servicios de mayor calidad. Además, favorece el logro del objetivo número 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS).
Europa lleva décadas impulsando la digitalización de la Justicia, con el objetivo de consolidar un modelo de justicia digital que refuerce la dimensión humana y garantice el respeto de los derechos fundamentales. Este enfoque de “humanismo tecnológico” se refleja, por ejemplo, en el artículo 19 del Reglamento (UE) 2020/1784, relativo a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en los Estados miembros en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento 2020/1784), que establece la exigencia del consentimiento del destinatario para realizar notificaciones electrónicas directas a demandados domiciliados en otro Estado miembro.
En esta misma línea, el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales (en adelante, Reglamento de Digitalización), subraya la importancia de escuchar la opinión de las partes respecto al uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en las vistas transfronterizas [artículo. 5.1.b].
No obstante, aunque en la UE se han logrado avances significativos en la digitalización de los procedimientos judiciales transfronterizos, todavía no es posible tramitar íntegramente todo el proceso por vía digital. Persisten limitaciones, como la imposibilidad de solicitar vistas a distancia en todos los supuestos, la imposibilidad de presentar pruebas documentales electrónicamente en ciertos procedimientos, o la falta de mecanismos para realizar cobros digitales de deudas superiores a 5.000 euros.
En este contexto, la Comisión Europea presentó el 20 de noviembre de 2025 el paquete Justicia Digital 2030, destinado a modernizar los sistemas judiciales de la UE y dotar a los profesionales de herramientas adaptadas a la era digital. Incluye dos estrategias: Justicia Digital@2030 y la Estrategia Europea de Formación Judicial 2025-2030, con la que se pretende impulsar la transformación digital en los Estados miembros de la UE mediante tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir costes y facilitar el acceso a la justicia.
La Estrategia de Justicia Digital @2030, articulada en catorce medidas, subraya la necesidad de avanzar en la digitalización de los procedimientos transfronterizos civiles y mercantiles, así como la mejora y la armonización del uso de la videoconferencia entre los Estados miembros.
En este contexto, la Comisión reconoce que, de lograrse una digitalización plena, particulares y empresas podrían presentar demandas y realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales hasta la emisión de la sentencia, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes. Con este fin, propone extender el punto de acceso electrónico europeo a todos los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. Este punto de acceso funcionaría como una ventanilla única digital, ofreciendo a las partes la posibilidad de comunicarse con los órganos judiciales, presentar documentos, recibir notificaciones y consultar información sobre el procedimiento desde un entorno seguro y centralizado.
Para ello, la Comisión considera conveniente aprovechar la evaluación del Reglamento de Digitalización con el objetivo de analizar el funcionamiento del punto de acceso europeo, detectar posibles brechas y evaluar los efectos de una mayor digitalización, coordinando sus actuaciones con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la comunidad judicial.
La Estrategia de Justicia Digital @2030 reconoce asimismo la relevancia y la utilidad que posee la videoconferencia, especialmente en el ámbito transfronterizo. Su uso durante la pandemia de COVID-19 demostró ser esencial para garantizar la continuidad de la actividad judicial. Por ello, considera que su implementación y mejora debe constituir uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia, asegurando que la tecnología sirva de manera efectiva a la justicia y a los ciudadanos.
Sin embargo, esta meta plantea un desafío considerable. En la práctica, persisten importantes problemas de interoperabilidad en los supuestos transfronterizos, dado que los Estados miembros emplean diferentes plataformas tecnológicas. Esta diversidad provoca conexiones inestables y genera riesgos relevantes para la protección de datos y la privacidad.
En este contexto, la ausencia de una solución europea unificada continúa obstaculizando su desarrollo de forma eficaz y segura en el ámbito transfronterizo. Por ello, la Comisión en esta Estrategia plantea la necesidad de adoptar una solución europea común que permita superar los actuales retos técnicos y de interoperabilidad, reforzando así la eficacia, la coherencia y la modernización digital de los sistemas judiciales de la UE.
Ahora bien, resulta fundamental garantizar que el uso de tecnologías innovadoras no excluya a las personas más vulnerables. Para ello, es necesario adoptar medidas eficaces de inclusión digital, proteger a la ciudadanía frente a posibles barreras tecnológicas y asegurar un nivel armonizado de digitalización en el conjunto de los Estados miembros. Para evitar desigualdades, los países deben invertir en infraestructuras digitales y en la capacitación de funcionarios judiciales y ciudadanos, logrando así una mayor transparencia, rapidez y eficacia de la justicia transfronteriza. Actualmente, el 46 % de los ciudadanos europeos carece de capacidades y recursos digitales básicos, lo que hace imprescindible fomentar la formación digital y garantizar que todos puedan beneficiarse de la justicia digital.
En conclusión, la Estrategia sienta las bases para un espacio judicial digital cohesionado y seguro en toda la UE, en el que los Estados miembros puedan coordinar sus sistemas, reducir los retrasos y superar las limitaciones técnicas que actualmente dificultan la cooperación judicial internacional. Su éxito dependerá de la capacidad de los Estados miembros para armonizar sus sistemas, garantizar la inclusión digital y proteger los derechos de la ciudadanía, especialmente de las personas más vulnerables, asegurando que las innovaciones tecnológicas no generen desigualdades ni exclusión. La digitalización, en este sentido, debe estar al servicio de los seres humanos, priorizando siempre la equidad y la justicia.
