La Asociación de Fiscales ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la política de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado, avalada por las sentencias 6 y 7 de 2026 del Tribunal Constitucional.
La demanda denuncia que dichas resoluciones consolidan un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad, pilares esenciales en el acceso y la promoción dentro de la Carrera Fiscal.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha señalado que “hemos presentado esta demanda porque las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad”.
En este sentido, la Asociación advierte de que esta doctrina trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema institucional, al debilitar las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de Derecho.
Asimismo, Dexeus ha subrayado que “el Tribunal Constitucional legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo”.
Desde la Asociación se pone de relieve que esta situación no solo afecta al ámbito de la justicia, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública, al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad.
En esta línea, la presidenta de la Asociación ha advertido que“se rompe así un pilar esencial del Estado de Derecho, al sustituir los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad”.
Asimismo, la demanda pone de manifiesto la posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al haberse adoptado decisiones relevantes con la intervención de un magistrado cuya imparcialidad se encontraba comprometida.
Sobre este extremo, Dexeus ha señalado que “en la demanda también se evidencia la quiebra del principio de imparcialidad, al haber intervenido en el procedimiento un magistrado cuya neutralidad se encontraba comprometida por su relación previa con los fiscales afectados”.
La Asociación de Fiscales denuncia, igualmente, la vulneración del artículo 14 del Convenio, al permitir un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad técnica pueden resultar determinantes en la designación de cargos en el ámbito de la justicia. La asociación mayoritaria reafirma su compromiso con la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como con la preservación de una Fiscalía independiente, imparcial y sometida exclusivamente a la ley.
