El Congreso acogerá el debate y votación de las enmiendas que el Senado ha introducido a esta proposición de ley durante el trámite parlamentario. Una vez culminada esta fase, el texto se publicará de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley tiene como principal objetivo buscar una solución para la situación de miles de profesionales que durante años han estado suscritos a un régimen de mutualidad alternativa y se han visto abocados a situaciones de desprotección con pensiones muy bajas.
Pasivos excluidos
Durante su paso por la Cámara Alta, el texto sufrió cambios significativos a propuesta del PP, que en el Senado tiene mayoría absoluta. Especialmente en lo relativo a los mutualistas que ya están jubilados, también conocidos como pasivos, pues mientras que en el Congreso la formación ‘popular’ consiguió que se aprobara que estos pudieran beneficiarse de la pasarela, en el Senado se desdijo y aprobó justo lo contrario.
En concreto, los de Núñez Feijóo impulsaron una reforma legal vía enmienda en el Senado para excluir a los pasivos de la reforma. De este modo, el texto de momento fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad.
Mejora de las pensiones
A su paso por la Cámara Alta también se han modificado los coeficientes aplicables en la transferencia de los derechos económicos al RETA, de manera que se aplicará una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización que habría correspondido en el régimen de autónomos.
Esos coeficientes no se aplican a los profesionales que tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, los cuales podrán suscribirse a la fórmula del 1×1, es decir que cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes completo en el RETA. Esta fórmula también la podrán disfrutar quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995.
A su vez, el texto fija que el Gobierno tendrá que desarrollar en tres meses desde la entrada en vigor de la ley el reglamento que concretará los flecos pendientes de la pasarela, como si se aplicará el IPC en el cálculo de las aportaciones económicas transferidas.
Todos los cambios introducidos durante la tramitación en el Senado ahora tienen que votarse en el Congreso, que tendrá que decidir si los aprueba o los rechaza antes de dar luz verde definitiva al texto y que se publique en el BOE.
