La Comisión Europea ha ampliado el expediente abierto hace siete años contra España por no permitir que los ciudadanos no residentes puedan beneficiarse de una reducción a efectos del impuesto sobre la renta de los ingresos por el alquiler de bienes inmuebles.
El expediente sancionador se remonta a marzo de 2019, cuando Bruselas envió la primera carta de emplazamiento a las autoridades españolas para pedir que corrigiera las irregularidades.
Los servicios comunitarios explican que los contribuyentes que son residentes disfrutan de una reducción de hasta el 60% de la base imponible correspondiente a los ingresos que hayan obtenido, mientras que los no residentes no pueden acceder a esta deducción.
A ojos de Bruselas, esta diferencia de trato fiscal supone una «restricción a la libre circulación de capitales» y lamenta que España no haya modificado su legislación para eliminar tal discriminación, a pesar de los contactos mantenidos con la institución comunitaria.
La Comisión denuncia, además, que en 2025 el Gobierno introdujo modificaciones que no resuelven el problema, sino que implican que sólo los residentes se benefician de deducciones de entre el 20 y el 90% de la base imponible derivada del arrendamiento de viviendas, lo cual sigue discriminando a los no residentes.
Así las cosas, Bruselas da ahora dos meses de plazo a España para «responder y subsanar» las deficiencias. De no atender el requerimiento, Bruselas podrá dar el siguiente paso en el proceso sancionador que implica el envío de un dictamen motivado para dar un último plazo de diálogo antes de que, de persistir el incumplimiento, el caso sea elevado ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
