- Envía al Congreso la ley para reforzar condenas a empresas por corrupción y el control a partidos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Integridad Pública, una norma que, entre otras cuestiones, reforzará las condenas a empresas por corrupción e incrementará el control sobre los partidos políticos.
Así lo ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su habitual balance del curso político, en el que ha asegurado que el Ejecutivo ha puesto en marcha, a través de tres proyectos de ley, «la práctica totalidad» de las medidas anunciadas hace un año en el marco del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Entre otras medidas, Sánchez ha destacado que este proyecto de ley contempla, además de aportaciones de organismos estatales y autonómicos y de la sociedad civil, la creación de una nueva Agencia Independiente de Integridad Pública, con «mayores funciones».
El presidente ha señalado que el texto se remitirá ahora al Congreso de los Diputados, donde espera que pueda comenzar su tramitación parlamentaria. Asimismo, ha instado a todos los grupos parlamentarios a estar «a la altura que exige el momento» y a mostrar «voluntad de diálogo» para que el proyecto salga adelante.
Novedades del proyecto
Mientras, fuentes de Sumar han reivindicado su impulso dentro del Gobierno para desarrollar esta normativa que, en caso de ser aprobada por el Congreso, permitirá contar con una agencia específica con «capacidad real para investigar, corregir y sancionar la corrupción».
Según trasladan a Europa Press, el proyecto incorpora avances en materia anticorrupción impulsados por la formación, entre ellos que este organismo tenga capacidad para investigar y sancionar prácticas corruptas, en lugar de convertirse en un órgano «meramente testimonial».
También destacan como aportación el refuerzo de la independencia de la futura agencia, al establecer que la persona que ostente su dirección deberá comparecer en el Congreso y ser ratificada por una mayoría de tres quintos de la Cámara. Además, el texto incorpora las auditorías ciudadanas como un nuevo instrumento de transparencia y control democrático.
Por otro lado, Sumar asegura que ha logrado mejorar la trazabilidad de los gastos de los partidos políticos, obligando a que todos los pagos iguales o superiores a 1.000 euros se realicen desde cuentas de la propia formación.
No obstante, el socio minoritario del Ejecutivo sostiene que aún quedan cuestiones pendientes, como impedir que las empresas implicadas en casos graves de corrupción puedan recibir contratos, subvenciones o ventajas públicas mientras se investigan los hechos, así como establecer un control más estricto de las donaciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos.
