El Tribunal Supremo celebrará el próximo 7 de septiembre una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa, que pidió la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la ‘ley de nietos’ por sus «efectos electorales».
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal acuerda que la celebración de la vista tendrá lugar a partir de las 10.00 horas y cita a las partes personadas en el procedimiento, además de Iustitia Europa y a la Junta Electoral Central (JEC).
Asimismo, fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que ese mismo día se celebrará una vista a las 11.00 horas para examinar las medidas cautelares interesadas por Vox.
La formación de Santiago Abascal remitió un escrito al alto tribunal en el que solicitaba frenar las inscripciones de votantes en el extranjero, esto es, las «nuevas altas automáticas» en el CERA.
La decisión llega tras un recurso interpuesto por Iustitia Europa contra una resolución de la Junta Electoral Central, que rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA, aunque acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre aplicación de la ‘ley de nietos’, que concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados.
El Tribunal Supremo acordó abrir una pieza separada de medidas cautelares para estudiar la suspensión de las altas CERA que había solicitado Iustitia Europa. Además, acordó solicitar a la JEC que remitiera el expediente administrativo correspondiente.
En su resolución, la JEC avisó de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de la ‘ley de nietos’, enmarcada en una disposición de la Ley de Memoria Democrática, deberá estar «suficientemente motivada si no se corresponde con su último domicilio en España».
El organismo arbitral argumentó que la Constitución también garantiza el derecho a voto de los electores que residen en el extranjero, incidiendo en que la administración electoral «no puede sustituir el criterio del legislador», que fijó por ley «las condiciones y el procedimiento» para el ejercicio de este derecho por parte de personas emigradas.
«No es posible acceder a este tipo de solicitudes. La administración electoral debe aplicar todos los procedimientos dispuestos en la administración mientras sigan vigentes», zanjó la JEC.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha declarado que el objetivo de la organización es «garantizar la transparencia electoral y someter a control los efectos censales derivados» de la ‘ley de nietos’, «antes de que se puedan producir consecuencias irreversibles en un próximo proceso electoral», según una nota de prensa.
