El Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación integrada por cerca de 200 profesores universitarios, jueces, magistrados y fiscales progresistas, impulsará la celebración, este miércoles en universidades públicas, de una acción conjunta en rechazo de la reforma del Código Penal.
En dicho acto se dará lectura a un Manifiesto conjunto en el que se exponen las principales críticas que merece esta reforma, que según este grupo es "la más autoritaria que ha existido en España desde 1995".
Los convocantes del acto consideran que el endurecimiento de las penas "es populista y no deparará mayor seguridad" y critican especialmente que "la cadena perpetua –que dicen está contenida en la figura de la prisión permanente revisable– es contraria a la idea de dignidad y ningún estudio avala su mayor eficacia".
De igual modo, consideran desproporcionada la reacción frente a la denominada "criminalidad de bagatela" al tiempo que reprochan al Gobierno que "criminalice" la protesta ciudadana "con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella".
"Un Estado democrático no puede asumir que el Derecho Penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos", continúa el manifiesto, que destaca igualmente los múltiples y variados errores técnicos de que adolece la reforma", señalan en un manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Por otro lado, los firmantes del documento critican que el Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y la del resto de Grupos Parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte inescindible de su legitimación intrínseca.