Carlos Carnicer, presidente del CGAE, y José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, han presentado esta mañana la tercera edición de los Barómetros Interno y Externo de la Abogacía: “La imagen de la Abogacía en la sociedad española” y “La Abogacía vista por los abogados”.
Entre las varias conclusiones del estudio destaca que la valoración en conjunto que los abogados hacen del estado actual de la Administración de Justicia en España no sólo sigue siendo claramente negativa -el 71 por ciento cree que funciona mal o muy mal- sino que incluso experimenta un repunte respecto a 2005 (65 por ciento), cuando había logrado descender 6 puntos respecto a 2002.
Por otro lado, los abogados españoles consideran positivo también de forma mayoritaria el cambio producido en la Abogacía en los últimos años y valoran como bueno el estado de la profesión en España. Por otra parte, se consolida e incrementa la evaluación positiva que la Abogacía consigue en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes y entre quienes pertenecen a los sectores socioeconómicos menos favorecidos. La Abogacía es percibida cada vez más como una profesión que, mediante la defensa y promoción de intereses y derechos individuales y/o particulares, protege valores e intereses colectivos: de ahí que en el ranking de confianza institucional los abogados hayan ido gradualmente escalando puestos. Lo que la sociedad valora del abogado es fundamentalmente su función desactivadora de conflictos y sanadora de relaciones enconadas: nueve de cada diez españoles consideran que la principal cualidad del abogado es su capacidad de pacto y negociación.
Los abogados se muestran además, y de forma prácticamente unánime, conscientes de la importancia social de su labor profesional: el 94 por ciento considera que corresponde a la Abogacía un papel esencial en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Asimismo el 92 por ciento considera que la función fundamental del abogado es propiciar un arreglo que haga innecesario el recurso a los tribunales.
Otro punto a resaltar es el grado de satisfacción de los abogados españoles con la actual organización colegial que registra un llamativo incremento en este Tercer Barómetro Interno. Por lo que respecta concretamente a los Colegios la opinión ampliamente dominante entre la Abogacía es que en la actualidad, por encima de sus posibles deficiencias, representan un importante activo profesional tanto por sus funciones representativas como por los servicios que prestan.
En cuanto al grado de satisfacción con el Colegio Profesional, el Consejo Autonómico y el CGAE, los datos reflejan un claro aumento en los tres niveles respecto a otros años. Así, en líneas generales, el Colegio obtiene una media de 6,1 puntos sobre 10, el Consejo Autonómico un 5,5 y el CGAE un 5,6. El año anterior, las puntuaciones fueron de 5,9 para los Colegios, 5,4 para el Consejo Autonómico y 5,4 para el CGAE. El grado de identificación con el propio Colegio también experimenta asimismo, en relación con 2003 y 2005, una apreciable subida: de una puntuación media de 5.1 y 5,4 se pasa a otra de 5.6 en la actualidad.
En cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías el 98 por ciento de los abogados considera que son importantes para el ejercicio de su profesión, y el 76 por ciento cree que su Colegio está dedicando recursos suficientes para modernizarse y fomentar el uso de las mismas. Además la opinión unánime (la expresa el 97 por ciento) es que a partir de 2008 los Colegios deben seguir invirtiendo en Nuevas Tecnologías. Los Colegios de Abogados que aparecen como mejor valorados en el uso de nuevas tecnologías (Melilla, Ceuta, Aragón y Navarra) han sido pioneros en casi todos los casos en la implantación de las mismas, incluida la certificación digital.
En conjunto, la Abogacía española tiende a mostrarse ambivalente respecto de su actual sistema de previsión social: en una escala de 0 a 10 le otorga un 5,0 frente a un 4,4 en 2005). La insatisfacción es algo más pronunciada entre los colegiados más veteranos (4,8) que entre los más jóvenes (que le otorgan un 5,2). Un 54 por ciento considera preferible la integración de dicho sistema en la Seguridad Social. Ahora bien, esta preferencia resulta ser más frecuente precisamente entre los colegiados más jóvenes (61 por ciento), es decir, entre quienes se mostraban relativamente menos severos con el sistema actual.
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