El Consejo General del Poder Judicial está contento con la aprobación definitiva por el Parlamento del proyecto de Ley sobre Medidas de Agilización Procesal, de la nueva Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque, en su conjunto, constituyen un importante paso adelante en el proceso de modernización de la administración de Justicia española.
Para la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, "las reformas aprobadas, que contaron con el apoyo e impulso del órgano de gobierno del Poder Judicial, permitirán a juzgados y tribunales mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos".
El CGPJ ya indicó en su preceptivo Informe que la Ley de Medidas de Agilización de la Justicia facilitará que los procesos abiertos en las jurisdicciones de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo sean más ágiles y más rápidos, con el correspondiente ahorro de costes para las arcas públicas y sin que, en ningún caso, se mermen las garantías procesales de los usuarios de la Justicia.
Asimismo se destacaba en el citado Informe que la simplificación del sistema de recursos entre las distintas instancias judiciales no sólo reducirá el tiempo medio de espera hasta obtener una resolución firme en un proceso, sino que permitirá al Tribunal Supremo cumplir su labor específica de unificar doctrina para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la aplicación de la ley.
La nueva Ley Concursal, por su parte, ha de servir para favorecer los acuerdos previos que faciliten la viabilidad de las empresas en crisis, porque pretende conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal y permitiendo descongestionar los juzgados de lo Mercantil.
Por último, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social implanta una nueva Ley Procesal Laboral que pone fin a la actual dispersión legislativa. Además, atribuye a este orden jurisdiccional materias que, en la actualidad, están atribuidas al orden Contencioso-Administrativo y, en menor medida, al orden Civil, al objeto de acabar con el actual "peregrinaje de jurisdicciones" en la resolución de litigios sobre materias conexas.
La Portavoz del CGPJ manifiesta en este punto que "el Consejo ha venido reclamando que el proceso reformador de la Justicia no puede concluir aquí, sino que debe de extenderse lo más pronto posible al ámbito de la Jurisdicción penal, que congrega en torno al 75 por ciento del trabajo que pesa sobre los tribunales españoles".
Por todo ello, Gabriela Bravo recuerda que "el Consejo viene reclamando un Pacto de Estado entre las fuerzas políticas que permita llevar a todos los órdenes jurisdiccionales el proceso de modernización de la Justicia española".