Estos días de descanso dejan en mínimos los aspectos de la actualidad jurídica a comentar en la octava edición de Aranzadi Exprés. En cualquier caso, queremos destacar:
En el ámbito normativo, sin plenos de las cámaras hasta la semana que viene, lo que se nota es el periodo preelectoral en el que estamos entrando, con varias órdenes y resoluciones estos días en el BOE que preparan las elecciones del 28 de mayo. También ha salido ya publicada la Circular 1/2023 con la que la Fiscalía General del Estado pretende unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma de los delitos contra libertad sexual llevada a cabo por la LO 10/2022. Sobre esta reforma, parece que el TS ha programado un pleno monográfico para principios de junio para unificar su doctrina.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de impulso de la Economía social por el que se quiere actualizar las leyes de Cooperativas, Economía Social y de las Empresas de Inserción. Y esperamos que dé sus frutos el contrato de 100 millones de euros aprobado para digitalizar la Justicia.
En cuanto a la actualidad judicial, destacamos varias resoluciones:
En el TS, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia que hace una interesante lectura sobre el ámbito de aplicación de los “códigos de conducta”, al desestimar la impugnación Real Decreto 176/2022, de 4 marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil. Y, la Sala cuarta, ha estimado que deben abonarse a los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros los días y horas de trabajo desprogramados a consecuencia de la administración de la vacuna contra el COVID-19. En el ámbito de los juzgados, nos centramos en materia mercantil, para resaltar las dos sentencias de Santa Coloma de Farners que contradice la jurisprudencia del TJUE sobre las reclamaciones por la venta de acciones del Banco Popular y estima que los accionistas podrán recuperar su inversión.
