En Aranzadi Exprés volvemos a repasar lo más destacado de la actualidad jurídica de los últimos días.
En materia de novedades normativas seguimos con la publicación en el BOE de las nuevas estructuras ministeriales y, en la misma línea van los asuntos que se debaten esta semana en el Pleno del Congreso.
No cerramos el bloque normativo sin dar un aviso a todos los municipios de menos de 10.000 habitantes: el 1 de diciembre es la fecha límite puesta por la Ley 2/2023, de protección del informante, para la implementación de Sistemas Internos de Información.
En el apartado de “crónica de tribunales” sí tenemos mucho más movimiento, y destacamos varias resoluciones recientes del Tribunal Supremo.
La Sala Primera ha establecido que una sociedad de capital disuelta y liquidada sigue teniendo legitimación pasiva frente a una reclamación de indemnización de daños y perjuicios.
También sobre temas de legitimación se ha pronunciado la Sala Tercera, estableciendo la legitimación de las asociaciones en el recurso contencioso-administrativo para impugnar medidas COVID-19 tras la sentencia 70/2022 del TC.
También son interesantes las sentencias de esta Sala sobre:
- La utilización indistinta del castellano y de la lengua cooficial autonómica y
- La competencia de los alcaldes para decidir acciones judiciales en materia de expropiación.
Y la Sala Cuarta ha estimado que el socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado tiene derecho a la jubilación anticipada involuntaria cuando la cooperativa se extingue por pérdidas económicas.
Terminamos con un apunte que ejemplifica el boom de reclamaciones por el cártel de coches: El TSJ de Galicia ha pedido ya al Consejo refuerzos ante la avalancha de demandas que se prevén para el 2024. Estima que el Juzgado Mercantil de Pontevedra va a pasar de 3.000 demandas este año a 20.000 el año que viene.
