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Dignidad y Justicia pide a la Audiencia Nacional que prohíba la marcha abertzale el viernes en Bilbao

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La asociación piensa que la manifestación "encubre una acción de la ilegalizada Batasuna"

Dignidad y Justicia pide a la Audiencia Nacional que prohíba la marcha abertzale el viernes en Bilbao. Cartel de la convocatoria de la huelga

La asociación Dignidad y Justicia ha solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba la manifestación convocada por la izquierda abertzale para el próximo viernes en Bilbao, con motivo del Día Grande de la Aste Nagusia de la capital vizcaína, ya que, en su opinión, "encubre una acción de la ilegalizada Batasuna y vulnera el auto de suspensión de actividades de la formación política ANV".

Además, la asociación entiende que esta marcha, que cuenta con el lema 'Stop al estado de excepción, autodeterminación para Euskal Herria', "atenta contra la Constitución Española y los intereses generales del Estado español".

Por todo ello, Dignidad y Justicia pidió ayer por escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Baltasar Garzón, que prohíba judicialmente el acto convocado, que llame a declarar al procedimiento en calidad de imputados de un delito de desobediencia a los miembros de ANV partícipes y convocantes de la manifestación y que se depuren "cuantas otras responsabilidades penales concurran en relación a los hechos denunciados".

En concreto, la asociación que preside Daniel Portero solicita la imputación de la representante de ANV, Arantza Urkareki, quien participó el pasado 12 de agosto en una rueda de prensa en la que se presentó la marcha, con el fin de denunciar "el estado de excepción en Euskal Herria" que "recuerda a las épocas más oscuras del franquismo".

Asimismo, reclama que el juzgado solicite informes sobre la convocatoria a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y el Servicio de Información de la Guardia Civil.

Dignidad y Justicia recuerda que la Audiencia Nacional decretó la suspensión de actividades de esta formación política por un periodo de tres años el pasado febrero, por lo que la convocatoria está hecha "en abierta desobediencia" a la decisión judicial.

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