El reciente informe publicado por Save the Children sobre sentencias judiciales relacionadas con abusos sexuales a niños y niñas en Internet, conocidos como online grooming, pone de manifiesto una realidad especialmente preocupante: la lentitud de los procedimientos judiciales y el papel determinante del entorno familiar, especialmente de las madres, en la detección y denuncia de estos delitos.
Uno de los datos más relevantes del informe es que más de la mitad de los casos analizados (60,7%) tuvieron una duración de tres años o más desde el inicio del procedimiento hasta la resolución judicial. En concreto, el 39,3% de los procesos se prolongaron entre tres y cuatro años y un preocupante 14,3% superaron los cinco años de duración, según el análisis de sentencias correspondientes a los años 2023 y 2024.
«Estamos hablando de menores que, tras haber sufrido un abuso sexual en el entorno digital, se ven obligados a revivir los hechos durante años en un proceso judicial largo y complejo. Esta dilación no solo retrasa la justicia, sino que puede agravar el daño psicológico de las víctimas», señala Fran Peláez, socio del despacho de abogados especializado en delitos informáticos PenalTech.
Según el experto, la complejidad técnica de la prueba digital, la sobrecarga de los juzgados y la falta de medios especializados explican en parte estos plazos, pero advierte de la necesidad urgente de reforzar la formación tecnológica de operadores jurídicos y dotar de mayores recursos a las unidades especializadas.
La madre de la víctima principal figura denunciante
El informe de Save the Children titulado «Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital», también arroja luz sobre quién da el primer paso para denunciar estos delitos. En casi la mitad de los casos (43,7%) es la madre de la víctima quien interpone la denuncia, manteniéndose como la principal figura denunciante. De forma significativa, el 37,5% de las denuncias procede directamente de la propia víctima, lo que refleja una mayor concienciación y capacidad de identificación del abuso por parte de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el padre figura como denunciante en el 12,5% de los casos.
«Estos datos confirman el papel clave de las madres en la detección del abuso, pero también muestran un cambio relevante: cada vez más menores identifican el delito y se atreven a denunciarlo. Para que esto ocurra antes y mejor, es imprescindible la educación digital y la creación de entornos seguros de confianza», añade el abogado.
Desde el despacho de abogados se insiste en la necesidad de procedimientos judiciales más ágiles, una mejor gestión de la prueba digital y una respuesta penal especializada que evite la revictimización y garantice una protección real y efectiva de los menores en el entorno digital. «La lucha contra el online grooming no es solo una cuestión penal, sino también tecnológica y social. Sin procesos rápidos y especializados, la justicia llega tarde para quienes más la necesitan», concluye Peláez.
