El Congreso de los Diputados ha dado este miércoles su aval definitivo al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, la norma en la que el PP modifica el proyecto aprobado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 destinado a mejorar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Retrasa, además, a los 72 años la edad de jubilación de los jueces que queda vinculada a la desaparición de la figura del magistrado emérito. Este polémico último punto quedó dulcificado después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pidiera al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una solución que evitara que media docena de magistrados se vieran obligados a abandonar, en el plazo de un mes, sus puestos.
Durante el trámite parlamentario en el Senado los ‘populares’ plantearon una enmienda en la que se especificaba que los jueces con condición de eméritos que superen los 72 años cesarán en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la LOPJ entre en vigor. Entre los afectados se encontraban varios de los adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP.
En una transaccional, avalada por cuatro grupos parlamentarios, el PP especificó que quienes, a la entrada en vigor de Ley el 1 de octubre de este año, estuvieran prestando servicios como magistrados eméritos o magistrados eméritos del Tribunal Supremo, podrán continuar haciéndolo durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor, conservando su actual régimen retributivo. No obstante, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los setenta y cinco años.
El Congreso ha aprobado ahora la inclusión en el texto de una decena de enmiendas transaccionales inspiradas en propuestas de todos los grupos e incorporadas en la cámara alta. Entre ellas se encuentra una disposición que obliga por ley a los miembros del CGPJ a hacer públicos sus bienes y otra que prevé el pago de indemnizaciones a los propietarios de viviendas ilegales que deban ser demolidas, antes de que se produzca el derribo.
NUEVO PAPEL Y NOMBRE DE SECRETARIOS JUDICIALES
La nueva ley cambia, además, la denominación de los secretarios judiciales que pasan a llamarse «letrados de la administración de Justicia» y adquieren un nuevo papel que amplía competencias.
El PP defiende que la LOPJ ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos. La reforma intenta lograr un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial.
Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. Además, se incluye un sistema que permitirá al Consejo General del Poder Judicial especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial, lo que facilitará la unificación de criterios y la agilización en las resoluciones.
Respecto a la instrucción de las causas penales de especial complejidad y con intención de auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al órgano instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia –nueva denominación de los secretarios judiciales–, con o sin relevación de funciones, para que bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales.
Entre las modificaciones introducidas en el Congreso, el PP incluyó la posibilidad de que los médicos forenses realicen «pericias» por encargo de particulares y estableció que los autos y expedientes de procedimientos cerrados podrán destruirse cuando transcurra un plazo de seis años desde que se dicte una resolución firme que ponga, de forma definitiva, fin a la causa.
