- El ICAM denuncia los perjuicios que sufren los ciudadanos por las notificaciones administrativas en agosto
- “No hay justicia efectiva si pierdes tu derecho a recurrir por estar de vacaciones”, ha advertido este lunes el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, al presentar ante los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta legislativa que busca modificar el cómputo de plazos administrativos
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón registró ayer en el Congreso una propuesta para que el mes de agosto sea declarado inhábil exclusivamente para los plazos que afectan al ciudadano cuando interpone recursos administrativos, como los de alzada, reposición o el recurso especial en materia de contratación.
La iniciativa, articulada como propuesta de Proposición No de Ley (PNL) y remitida a todos los Grupos Parlamentarios para que puedan registrarla formalmente si lo consideran oportuno, persigue una meta clara: evitar que millones de ciudadanos pierdan su derecho a recurrir por razones ajenas a su voluntad, como estar de vacaciones o no tener acceso inmediato a asesoramiento jurídico.
Actualmente, existe una flagrante disparidad normativa entre el régimen judicial y el administrativo. En la vía judicial, el mes de agosto es inhábil en casi todos los órdenes jurisdiccionales, tal y como recogen el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el reciente acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional (publicado en el BOE en noviembre de 2023). Sin embargo, en vía administrativa, el mes de agosto sigue siendo hábil según la Ley 39/2015, lo que obliga a los ciudadanos a presentar recursos en pleno periodo estival para no perder su derecho de defensa.
«Un mismo ciudadano tiene más garantías si acude al juez que si aún está dentro del procedimiento administrativo. Esta incoherencia es jurídicamente injustificable y socialmente injusta», ha declarado Ribón.
La propuesta del ICAM se fundamenta en la asimetría estructural entre Administración y ciudadano. Mientras que la Administración cuenta con medios, estabilidad y personal técnico que trabaja durante todo el año, los ciudadanos —especialmente en agosto— se enfrentan al procedimiento administrativo con desventaja técnica, operativa y organizativa. Esta desigualdad ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 209/2015 (FJ 3º), donde señala que la configuración legal del procedimiento parte de una desigualdad estructural que justifica compensaciones normativas a favor del ciudadano.
La doctrina jurídica también respalda la propuesta. Referentes como Sáenz Royo han afirmado que “la supuesta neutralidad del calendario administrativo enmascara una desigualdad material”, mientras que Martínez de Pisón ha sostenido que “la neutralidad formal en el cómputo de plazos perjudica al ciudadano. Es legítimo establecer correctivos a su favor”.
El contexto numérico refuerza la urgencia de la medida. Según datos de la plataforma DEHú, las Administraciones Públicas emitieron más de 150 millones de notificaciones electrónicas entre 2020 y 2023, lo que supone una media de entre 4 y 5 millones de notificaciones mensuales, muchas de ellas también durante agosto. Estas comunicaciones, que pueden implicar sanciones, requerimientos o resoluciones denegatorias, comprometen el derecho de defensa de los ciudadanos en materia de recursos si no pueden responder en plazo durante el mes vacacional por excelencia.
A diferencia de lo que podría suponerse, la medida propuesta por el ICAM no paraliza la actividad administrativa. La Administración seguiría tramitando procedimientos, resolviendo expedientes y emitiendo actos, pero los plazos de recurso quedarían suspendidos durante agosto únicamente para el ciudadano. Además, se prevén excepciones: cuando se trate de procedimientos urgentes o cuya demora pueda causar perjuicios, la Administración podrá habilitar días inhábiles de manera motivada, conforme a jurisprudencia o mediante norma legal específica.
En paralelo, el Colegio ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios y que acompañará esta iniciativa con una campaña pública de concienciación. Esta campaña se basará en visibilizar casos reales de ciudadanos afectados por lo que ha denominado “una injusticia administrativa de calendario”.
“Queremos que esta medida se debata, se escuche y se apruebe. Es jurídicamente razonable, técnicamente viable y humanamente necesaria”, ha concluido el decano del ICAM.
Ineficacia administrativa
Además de la cuestión de los plazos, el ICAM ha advertido, por otro lado, sobre un problema de fondo que agrava la indefensión de los ciudadanos: el mal uso de la administración digital y el bloqueo burocrático en el que se ven atrapados muchos administrados. A pesar de los avances tecnológicos, la Administración continúa exigiendo documentos que ya obran en su poder, impone sistemas de cita previa obligatoria sin supervisión ni control eficaz, y mantiene procesos que resultan inaccesibles sin la ayuda de un gestor o abogado. “El ciudadano medio está atrapado en un bucle administrativo del que es difícil salir. Le piden el certificado digital para todo, pero conseguirlo es una odisea”.
“Todo es más lento, más complejo y más despersonalizado que antes”, ha denunciado Ribón. Esta situación, sumada a la hiperactividad administrativa en agosto, provoca una sobrecarga de trámites, demoras y frustración que vulnera en la práctica el derecho a una buena Administración.
Campaña en redes: #AgostoInhábilYA
Como parte del impulso a esta iniciativa, el ICAM pondrá en marcha una campaña de sensibilización en redes sociales basada en casos reales de ciudadanos perjudicados por notificaciones administrativas recibidas en agosto. Bajo el lema “Campaña en redes: #AgostoInhábilYA”, la campaña compartirá historias típicas, con nombres ficticios, que reflejan cómo la recepción de notificaciones en pleno verano ha derivado en la pérdida de becas, sanciones automáticas o denegaciones de prestaciones. Se trata de relatos representativos que ponen rostro humano a un problema técnico, a menudo invisible para la opinión pública.
Entre los testimonios figuran casos como el de “Marisa”, una mujer de 62 años que fue sancionada por Hacienda mientras estaba fuera de casa cuidando a su madre enferma; o el de “Abdou”, un ciudadano extranjero que perdió el plazo para recurrir una resolución de Extranjería notificada en agosto por no comprender bien el procedimiento. También se difundirá el caso de “Mónica”, quien no pudo presentar un documento clave para acceder a una prestación por desempleo y vio denegado su derecho por no poder reaccionar a tiempo; o el de “Pedro”, que perdió una ayuda para autónomos.
A través de estas historias, el ICAM busca generar conciencia social sobre los efectos reales de una normativa desalineada con la vida cotidiana de las personas.
