El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado abrir un procedimiento penal contra los jueces Carlos Nogales y Adolfo Carretero por un presunto delito de coacciones para investigar la implicación de los magistrados en el ‘caso Coslada’ a raíz de una serie de conversaciones telefónicas incluidas en el sumario que les vinculan con el oficial jefe del Cuerpo, Ginés Jiménez, informó ayer el TSJM.
La Sala de lo Civil y Penal recibió hace unos días la parte del sumario que concierne a Nogales, hasta hace unos días interino del Juzgado número 3 de Coslada, y a Adolfo Carretero, juez decano de Fuenlabrada y antiguo juez de Coslada, a fin de depurar posibles responsabilidades penales. Ambos nombres aparecen en repetidas ocasiones en los pinchazos telefónicos interceptados al supuesto cerebro de la trama corrupta.
La decisión de incoar diligencias de investigación contra Nogales y Carretero se debatió esta mañana en la reunión que mantuvo el presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Javier María Casas, y otros dos magistrados para dilucidar el grado de implicación de sendos magistrados. Según las investigaciones, Nogales coaccionó a una testigo protegido.
Asimismo, la Sala Civil y Penal acordó nombrar al juez José Manuel Suárez Robledano como instructor de las diligencias. Ahora, el magistrado practicará las actuaciones que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos.
El juez encargado del caso solicitará las pruebas pertinentes y llamará a declarar previsiblemente a los magistrados para que explique los hechos por los que se les acusa. De este modo, decidirá si continúa la investigación penal o si manda el procedimiento al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ante una posible sanción disciplinaria.
El caso de Nogales y Carretero llegó al Tribunal Superior de Justicia de la región al ser competente para investigar a los jueces y magistrados que trabajan en la Comunidad de Madrid.
Tras el hallazgo de estas conversaciones, la Fiscalía de Madrid decidió solicitó hace unas semanas al juez instructor Eduardo Cruz Torres, que investiga la parte sobre la mafia de prostitución, una copia de las cintas telefónicas y sus transcripciones para remitirlas al TSJM y el CGPJ a fin de dirimir responsabilidades penales o disciplinarias.